El Gobierno mexicano denunció y cesó a un número no precisado de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) por sospechas de estar involucrados en la masacre del 22 de enero en el noreste del país en la que se encontraron 19 cuerpos calcinados, entre ellos varios guatemaltecos.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó el cese de decenas de funcionarios, incluyendo a quienes participaron en el caso del municipio de Camargo, Tamaulipas, donde apareció una camioneta que antes estaba resguardada por el INM en el vecino estado de Nuevo León.
"Se han cesado, yo diría, decenas de funcionarios, entre otros los de Camargo, cuya conducta irregular de no poner a disposición la camioneta y otras conductas irregulares, fueron cesados y, no solo eso, se le dio vista al Ministerio Público", reveló en la rueda de prensa diaria del Gobierno.
El anuncio ocurre un día después de la captura de 12 policías estatales de Tamaulipas por su probable participación en el crimen de 19 personas incineradas, entre quienes se han identificado dos ciudadanos guatemaltecos y dos ciudadanos mexicanos.
EL COMPROMISO CON LAS INVESTIGACIONES
"Estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes son absolutamente inaceptables y cualquier denuncia que tengamos en relación de alguno de nuestro personal de migración o de los policías o de cualquier otra instancia de gobierno que viole derechos humanos tenemos que tener las investigaciones", prometió la secretaria.
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la que depende el INM, aseveró que han colaborado con la Fiscalía de Tamaulipas, que "está avanzando mucho en las investigaciones" y aseguró que más tarde daría una rueda de prensa.
La Fiscalía informó el martes que los 12 policías estatales detenidos cometieron probables delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, mal desempeño de funciones y falsedad de informes presentados ante una autoridad.
Entre las líneas de investigación que mantiene la Fiscalía está la disputa del crimen organizado por el control de la región y por el tráfico de migrantes.
Los investigadores descubrieron que uno de los vehículos hallados en el lugar era el mismo donde policías de Escobedo, del estado de Nuevo León, y agentes del INM rescataron el pasado 6 de diciembre a 66 extranjeros.
La secretaria de Gobernación admitió la prevalencia de los abusos de derechos humanos que cometen agentes migratorios en México.
"Hemos tenido problemas con muchos de los funcionarios de migración, precisamente en este tipo de violaciones de derechos y lo tenemos que reconocer para avanzar", expresó.
EL MACABRO SUCESO
El fiscal general del estado mexicano de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, explicó que el día de los hechos, el 22 de enero, viajaban migrantes guatemaltecos y salvadoreños que pretendían llegar a los Estados Unidos, además de "sujetos armados que les daban protección y seguridad".
El mismo día una llamada anónima alertó a las autoridades de Tamaulipas sobre dos vehículos que se encontraban abandonados e incendiados en un camino vecinal del municipio de Camargo, en donde estaban 19 cuerpos quemados, la mayoría migrantes guatemaltecos originarios de las comunidades de Comitancillos y San Marcos.
Sobre los restos humanos localizados, la Fiscalía informó que, de manera preliminar y a reserva del resultado antropológico, se determinó que 16 corresponden al sexo masculino, uno al femenino y dos pendientes de precisar debido al alto grado de calcinación.
Asimismo, los estudios de balística reconstructiva permitieron establecer que uno de los vehículos no contaba con impactos de arma de fuego y que otra unidad presentaba 113 disparos de arma de fuego.
RECORDATORIO DE LA ONU Y LA ADVERTENCIA DEL GOBIERNO MEXICANO
El crimen ha evocado comparaciones de la ONU con una masacre de 72 migrantes que ocurrió en esa misma región en 2010, algo que el Gobierno de México ha rechazado con el argumento que en esta ocasión "no habrá impunidad".
Ese caso fue uno de los sucesos más escabrosos de la historia reciente de México, en el que se asesinó a 58 hombres y 14 mujeres de diversas nacionalidades en el municipio de San Fernando.
