La magistrada otorgó a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) la suspensión provisional del desarrollo de la norma, que busca combatir la obesidad.
Los empresarios señalaron que "no se tomó en cuenta" la evidencia científica en este proyecto.
Una jueza federal suspendió el proceso de creación de la norma del Gobierno mexicano para el nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas que busca combatir la obesidad, informó este domingo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa otorgó el miércoles pasado a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) la suspensión provisional del desarrollo de la Norma Oficial Mexicana 051, por lo que su publicación "por el momento se paraliza", explicó el CCE en un comunicado.
"Esto muestra que hay dudas razonables sobre la transparencia y legalidad del proceso de discusión y aprobación de la norma, tal y como, desde el pasado 24 de enero, el sector privado mexicano lo manifestó a la opinión pública", aseguró la principal agrupación empresarial del país.
Desde la reforma a la Ley General de la Salud, aprobada por el Congreso en octubre, la nueva regulación ha confrontado al sector privado con grupos de defensa al consumidor porque los productos preenvasados mostrarán octágonos negros con advertencias sobre exceso de azúcares, grasas, calorías y sodio.
Los legisladores mexicanos, con el aval de expertos y activistas, diseñaron esta reforma para combatir el sobrepeso en México, un problema de salud que le cuesta al país el 5,3 por ciento del PIB al afectar a tres de cada cuatro mexicanos, como informó este enero la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) afirmó el mes pasado que el nuevo etiquetado será "de los mejores del mundo" al argumentar que las secretarías mexicanas de Economía y Salud siguieron un "proceso transparente y participativo que escuchó a diferentes grupos".
A pesar de esto, los empresarios insistieron este domingo que "no se tomó en cuenta" la evidencia científica, por lo que "se vieron obligados" a recurrir al Poder Judicial para garantizar un "proceso incluyente y transparente".
"Creemos que la norma aprobada no permitiría a los consumidores tener la información adecuada para tomar las mejores decisiones para su alimentación", aseveró el CCE.
En enero, al anunciar el combate legal de la norma, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) afirmó que la nueva regla afectaría hasta 42.000 toneladas de producción al año.
Además, al sector le costaría cerca 306 millones de dólares cambiar el etiquetado de los productos, según la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca).
Aunque la norma, derivada de la reforma legal, se aprobó desde el 24 de enero en los comités de la Secretaría de Economía y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que no hay fecha oficial de inicio.
