Desde que México inició la guerra contra el narcotráfico en 2006, más de 100.000 personas han muerto y unas 25.000 están desaparecidas. Sin embargo, la cifra que más conmocionó al mundo fue 43: el número de estudiantes que desapareció un 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
El caso se transformó en el ejemplo más claro de la batalla que el gobierno mexicano no ha podido ganar, un hecho que mezcla drogas, poder y corrupción y que desató una profunda crisis en la gestión de Enrique Peña Nieto.
Pese a que el gobierno dio por muertos a los 43 jóvenes, los familiares aseguran que el fallecimiento aún no se ha podido confirmar y con caravanas en diversos países del mundo continúan exigiendo verdad y justicia que, pese a las 111 detenciones de presuntos implicados, hasta ahora no llega.
El hecho ocurrió un viernes 26 de septiembre cuando un grupo de policías corruptos de Iguala atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que se habían apoderado de tres autobuses.
El incidente terminó con seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. Dos días después se detuvo a ocho integrantes de un grupo criminal del estado de Guerrero y 22 policías por el uso excesivo de fuerza, algunos de los cuales habrían trabajado para la organización delictual.
Ante el repudio de la masacre y la insistencia de los familiares de que se abriera una investigación, el entonces alcalde Iguala, José Luis Abarca, se fugó junto a su esposa, siendo sindicados como los autores intelectuales del crimen.
Las primeras conclusiones
El 4 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) asumió la investigación. Al día siguiente de la indagatoria, las autoridades confirmaron el hallazgo de fosas clandestinas con al menos nueve cuerpos, por lo que se ordenaron peritajes para analizar si correspondían a los jóvenes desaparecidos.
En paralelo, se detuvo al líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien presuntamente ordenó hacer desaparecer a los jóvenes y quien aportó datos a la investigación.
A los pocos días, el fiscal Jesús Murillo Karam, confirmaba la participación del alcalde en la desaparición de los estudiantes.
El alcalde Abarca y su esposa. (Foto: EFE)
Karam explicó que tanto Abarca como su esposa trabajaban directamente con el grupo Guerreros Unidos y la mujer era la "principal operadora" de la organización criminal en Iguala.
El alcalde entregaba alrededor de tres millones de pesos mensuales a los Guerreros Unidos, de los cuales al menos 600 mil pesos se destinaban como pago adicional de la nómina de la policía municipal.
También confirmó -como habían adelantado los medios- que dos de los hermanos de María de los Ángeles Pineda trabajaban para el cartel de los Beltrán Leyva.
Según señaló el diario mexicano Milenio, policías de Iguala y Cocula detuvieron a los estudiantes por orden de Abarca, temiendo que fueran a sabotear un evento con motivo al segundo informe de la presidenta del DIF municipal: su esposa.
Para fines de octubre la crisis era tal que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, renunció a su cargo y el presidente Peña Nieto debió prometer personalmente a los familiares de las víctimas intensificar la investigación, sin embargo, estos últimos indicaron que no era suficiente y enfatizaron que "vivos se los llevaron, vivos los queremos".
De Iguala al mundo
El 4 de noviembre se logró la detención del alcalde y su esposa y tres días después la PGR informó al país que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero.
A un año de la desaparición, continúan las protestas. (Foto: EFE)
Lejos de calmar los ánimos y de llevar tranquilidad a los familiares, la noticia desató la furia de los padres quienes exigieron pruebas y contrapruebas a un laboratorio de Austria para confirmar la veracidad de lo que se informaba. Al mismo tiempo se desató una ola de protestas entre las que incluso se quemó la puerta del Palacio Nacional.
En plena crisis, Peña Nieto se encontraba en Asia en una gira, aumentado el descontento de familiares, estudiantes y de todo un país que empatizaba con el caso.
Las protestas continuaron cada vez con más violencia y el caso pasó de afectar a un municipio a todo el mundo.
Amnistía Internacional calificó el hecho como un "crimen de Estado", el papa Francisco envió un mensaje de solidaridad a los familiares, la ONU ofreció su ayuda en la investigación, las Américas de Human Rights Watch (HRW) denunció un récord "espantoso" en materia de derechos humanos y diversos países condenaron el crimen y exigieron justicia.
La indignación de los manifestantes se evidencia en cada protesta. (Foto: EFE)
Las manifestaciones escalaron en número, participación y violencia. En una de ellas resultó detenido el músico y escritor chileno Lawrence Maxwell Ilabaca, de 47 años, quien estuvo en una cárcel de máxima seguridad antes de ser liberado tras lo cual reveló la excesiva violencia que se vive en México.
La primera muerte confirmada
El año 2014 finalizaba en México con los resultados del laboratorio austriaco que identificó a uno de los 43, Alexander Mora, confirmando el fallecimiento del estudiante.
"Si piensan esos asesinos que con el hecho de haber coincidido uno de nuestros muchachos con el ADN, nosotros vamos a quedarnos a llorar, queremos decirles que se han equivocado, que a partir de hoy, esta jornada de lucha va a llegar hasta encontrar con vida a nuestros 42 compañeros que faltan", indicó Felipe de la Cruz, el portavoz de los padres.
Pese a esta primera y única muerte confirmada, un grupo de científicos mexicanos aseguró este jueves que la versión de la Fiscalía del país sobre la cremación de los 43 estudiantes desaparecidos en el sureño estado de Guerrero "no tiene ningún sustento en hechos y/o fenómenos físicos, químicos o naturales".
México estaba lejos de volver a la normalidad y su presidente concluyó el año asegurando que "sin duda un año que ha sido de claroscuros; por un lado hemos tenido importantes avances en la concreción de reformas que servirán a todos los mexicanos, por otro lado también vivimos momentos difíciles, de dolor".
Renuncia del fiscal
En enero de 2015, buscando poner fin a las protestas, el fiscal Jesús Murillo, estableció como una "verdad histórica", en base a pruebas científicas y periciales, el asesinado e incineración en un basurero de los 43 estudiantes.
A la semana siguiente, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que participa en la investigación a petición de los padres, contradijo la versión oficial y aseguró que no hay evidencias que permitan vincular los restos hallados en el basurero.
El 12 de febrero, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino para estudiar el caso y para fines de mes Murillo dejó la Fiscalía ante las fuertes críticas a su gestión. Asumió Arely Gómez.
Este mes (septiembre), seis meses después de la incorporación del GIEI en la investigación, el organismo cuestionó en un informe la "verdad histórica", denunciando graves irregularidades en la investigación. Al mismo tiempo señaló que el traslado de drogas oculta en uno de los autobuses tomados por los jóvenes como posible móvil del crimen.
Por otra parte, el laboratorio de Innsbruck halló indicios de que restos procedentes del río San Juan son del estudiante Jhosivani Guerrero y autoridades detuvieron a Gildardo López Astudillo, integrante de Guerreros Unidos y considerado autor material de desaparición.
Tras esto, y a pocos días de cumplirse un año de la desaparición, los padres de los estudiantes mantuvieron una huelga de hambre por 43 horas, demostrando que el caso está lejos de ser resuelto y enfatizando en que continuarán hasta que se haga justicia.
"¿Qué esconde el Gobierno?"
Este sábado, en el primer aniversario de esta tragedia, la madre de una de las víctimas, María de Jesús Tlatempa, insistió en una de las teorías en las que poco y nada se ha investigado: "Nosotros creemos que los tienen los militares y por eso no dejan que los entrevistemos. ¿Qué esconde el Gobierno, por qué no dejan que entrevistemos a los militares?".
"El Gobierno tiene que escoger si está con el pueblo o está con la delincuencia organizada. Tiene que decidir ver por la ciudadanía o ver por la delincuencia", subrayó.
Los padres presentaron a Peña Nieto una lista con ocho demandas, entre ellas la creación de una unidad especial de investigación con dos instancias: una encargada de buscar a los jóvenes y otra que indague las irregularidades cometidas por la fiscalía durante las pesquisas.
Además, pidieron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permanezca un año más vinculado a las investigaciones y que el Gobierno federal cumpla con sus recomendaciones.
Tras esto, Peña Nieto ordenó la creación de una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas y afirmó: "Estamos del mismo lado, ustedes y yo buscamos lo mismo, saber qué pasó con todos y cada uno de sus hijos".
Sin embargo, esta tercera investigación anunciada no tranquiliza a los padres de las víctimas, quienes cuestionaron a las autoridades señalando que "ahora resulta que la 'verdad histórica' es una hipótesis... ¿Qué garantías tenemos de que este nuevo peritaje no venga con otro teatro?".
Las dudas se incrementan debido a que en los dos años y medio de gestión del presidente Peña Nieto, ya han desaparecido 8.000 personas.
