El gobierno mexicano anunció este jueves el arresto del general José Rodríguez Pérez, considerado el primer militar de alto rango detenido por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace ocho años.
"Hay tres (militares) detenidos, entre ellos el comandante del 27 Batallón de Infantería cuando se suscitaron los hechos en Iguala, en septiembre de 2014", informó Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad del gobierno de México en su informe semanal de "Cero impunidad".
El arresto ocurre tras el reporte presentado el 18 de agosto por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, que concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes en el sureño estado de Guerrero fue un "crimen de Estado", en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles.
El general Rodríguez Pérez está acusado de ordenar la ejecución de seis de los 43 estudiantes que estuvieron vivos cuatro días después de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, según presentó entonces el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, encargado de la comisión.
En medio de críticas por la percibida impunidad de las Fuerzas Armadas, el subsecretario Mejía afirmó este jueves que "se han librado cuatro órdenes de aprehensión, se han dictado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército mexicano".
"Ya tres (militares) detenidos, hay cuatro órdenes de aprehensión y se seguirá informando al respecto", prometió el funcionario, quien no detalló los cargos del resto de los soldados aprehendidos.
RECHAZO DEL GOBIERNO A LA "VERDAD HISTÓRICA"
La polémica sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa se ha reavivado a días de que se cumpla el octavo aniversario del crimen tras el informe de la Comisión de la Verdad, que también concluye que no hay indicios de que estén vivos y reconoce la participación de elementos de las Fuerzas Armadas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió resolver el crimen y que no habrá impunidad, pero los familiares aún exigen presentarlos con vida, y activistas acusan a las autoridades de encubrir la participación del Ejército.
El gobierno de López Obrador rechazó la "verdad histórica", la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en Guerrero.
La administración de López Obrador desmintió esa versión, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
