El considerado primer pacto medioambiental de Latinoamérica fue remitido al Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador para sus efectos constitucionales.
Este instrumento regional, del que el gobierno chileno se restó pese a haber sido uno de sus propulsores, requiere que 11 países lo ratifiquen para entrar en vigor.
El Senado mexicano aprobó este jueves, por unanimidad, el Acuerdo de Escazú, un instrumento regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, y sus declaraciones interpretativas.
En un comunicado, el Senado indicó que el acuerdo, respaldado con 66 votos, fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
El acuerdo se firmó el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú, y México lo suscribió el 27 de septiembre de ese año.
Para que entre en vigor requiere que 11 países lo ratifiquen. Chile fue uno de sus principales impulsores, pero el Gobierno de Sebastián Piñera rechazó siquiera firmarlo.
Hasta ahora lo han ratificado nueve países: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay. Tras el último paso constitucional, México será el décimo.
✅ El Senado ratificó el #AcuerdoDeEscazú.
— Senado de México (@senadomexicano) November 6, 2020
Por unanimidad, con 66 votos, este Acuerdo firmado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica, reconoce el desarrollo sostenible como un derecho.
Te compartimos el documento:https://t.co/yoInofl3HV pic.twitter.com/uFfuFyNFrR
El instrumento tiene como objetivo "garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información y justicia ambiental".
También busca la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de capacidades y la cooperación.
Por otro lado, pretende contribuir a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medioambiente sano y al desarrollo sostenible.
Además, incorpora directrices tendientes a que los Estados Parte impulsen y promuevan la transparencia, participación del público en la toma de decisiones y en cualquier acción u omisión que afecte el medio ambiente, o contravenga alguna norma jurídica relacionada a esta materia.
También establece el compromiso de cada parte de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Para ello, pide "la implementación de medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover los derechos, incluidos, la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación, entre otros".
El Senado recordó que el Acuerdo es resultado de una fase preparatoria de dos años y de nueve reuniones del Comité de Negociación, en las que México participó activamente compartiendo propuestas, experiencias y buenas prácticas.
Esto se tradujo en la adopción de un acuerdo que robustece los marcos normativos de los países de la región y alienta el desarrollo sostenible con mayor bienestar, inclusión e igualdad.
El dictamen precisó que el Estado mexicano hizo declaraciones interpretativas de los conceptos "daño" y "daño significativo" para mantener la congruencia entre estos y el marco jurídico nacional.
En particular, busca coherencia con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como el equilibrio ecológico y protección al ambiente.
