Amnistía Internacional (AI) divulgó este viernes un informe sobre las violaciones a derechos humanos en América Latina por parte de policías y señalaron que "la comisión de violaciones de derechos humanos por la policía es la norma, no la excepción".
El organismo también consideró que para poner fin a la impunidad se debe atender frontalmente este problema "estructural" y en conjunto con la ciudadanía.
"Nuestras investigaciones en Latinoamérica y el Caribe, a lo largo de varios años, demuestran que en esa región, la comisión de violaciones de derechos humanos por la policía es la norma, no la excepción", declaró Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
El informe lleva por nombre "Policías bajo la lupa: Cinco claves para la supervisión y la rendición de cuentas de la policía en las Américas" y resume las conclusiones de una conferencia regional virtual que se celebró en enero de 2021 y fue auspiciada por Open Society Foundation (OSF) y AI, entre otras instituciones.
Amnistía indicó que "si de verdad quieren poner fin a la impunidad imperante ", las autoridades de la región deben "abordar" el problema en los cuerpos policiales de forma "estructural" y aplicando protocolos de investigación, "sometiendo a escrutinio la actuación de los altos mandos y trabajando con la sociedad civil".
Las cinco claves
El informe señala cinco puntos clave para poner fin a la impunidad y los abusos cometidos por las policías.
En primer lugar, Amnistía instó a introducir mecanismos independientes y efectivos de supervisión y rendición de cuentas de la policía. En segundo, pide reconocer y fortalecer el crucial papel de las organizaciones de la sociedad civil y de los grupos de víctimas en los sistemas de supervisión y rendición de cuentas de la policía.
Como tercer punto, señala que se debe garantizar que las posibles muertes a manos de la policía se investiguen conforme al Protocolo de Minnesota. En el cuarto, ven necesario abordar la violencia policial ilegítima como problema estructural.
Finalmente, la quinta recomendación considera que se debe "establecer con claridad" en las leyes y normas la responsabilidad de los mandos y demás superiores en la violencia policial "ilegítima".
"Ninguna de estas recomendaciones puede ser eficaz por sí sola. Sin embargo, todas ellas juntas, sumadas a la abundante determinación y experiencia que existe en Latinoamérica y el Caribe, pueden configurar una sólida hoja de ruta hacia una actuación policial efectiva, que rinda cuentas y que proteja los derechos humanos", dijo Guevara Rosas.
Casos de estudio
A lo largo de los últimos años, Amnistía ha documentado el uso policial ilícito de la fuerza para disuadir y dispersar a manifestantes en países tales como Chile, Colombia, Honduras y Venezuela.
"Asimismo, se ha constatado el uso ilegítimo de la fuerza en operaciones policiales para hacer cumplir las restricciones impuestas por la pandemia para frenar la propagación del Covid-19 y para controlar la delincuencia", apuntó.
La ONG destacó que todo lo constatado ocurrió "impregando en impunidad". Así, en lugares como Río de Janeiro, la policía "es con frecuencia una ley en sí misma, que investiga, detiene y condena a muerte".
Mientras que El Salvador, por su parte, "se distingue por registrar no solo la tasa de homicidios más alta del mundo, sino también la tasa más alta de homicidios cometidos por la policía".
"El nuevo informe pone en evidencia cómo, en Latinoamérica y el Caribe, un porcentaje desproporcionado de las víctimas de uso excesivo o ilegítimo de la fuerza a manos de la policía pertenece a comunidades que sufren discriminación estructural", remarcó.
Lo anterior es el caso de la población indígena o afrodescendiente, migrante y refugiada, residentes en barrios con bajo nivel de ingresos y población LGBTIQ+.
