"Las sanciones unilaterales impuestas, por los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han exacerbado las calamidades (en Venezuela)", explicó la relatora especial.
Asimismo, la representante instó al Gobierno de EE.UU. y a los países terceros a "reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano".
La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió este viernes levantar las sanciones económicas que varios países han impuesto a Venezuela en los últimos años, en vista de los "efectos devastadores" que han tenido estas restricciones financieras sobre la vida de los ciudadanos.
La petición la hizo la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas restrictivas en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, al término de una visita de 12 días al país, en la que se entrevistó con decenas de personas para entender, dijo, una "situación muy compleja y alarmante".
Unilateral sanctions on Venezuela drastically affect rights of Venezuelan people and shall be lifted: findings, conclusions and recommendations of the country visit of 1-12 February https://t.co/r77bBmen5M
— Alena Douhan (@AlenaDouhan) February 13, 2021
Si bien las observaciones presentadas en rueda de prensa son de carácter preliminar, aclaró la relatora, estas surgieron de un "diálogo franco y abierto" en el que hubo "exhaustivas consultas con una amplia gama de interlocutores".
EL DIAGNÓSTICO
Venezuela enfrenta una carencia en categorías como maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas, mientras que los activos del país congelados en los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal representan 6.000 millones de dólares.
El informe, que la relatora leyó en primera persona frente a decenas de periodistas, estima también que desde 2015 el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor oscila entre 1 y 5 millones, si bien la propia ONU estima que son 5,4 millones de emigrantes en este momento.
Según el escrito, los servicios públicos, que presentan desde hace años numerosos fallos, han tenido una pérdida del 30 al 50% de su personal, mientras que hay más de 2,5 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria severa.
"Cuatro años de hiperinflación han traído como consecuencia la total devaluación de la moneda nacional", señaló Douhan, para luego recordar que cerca del 90% de la población recibe menos de 10 dólares mensuales, lo que alcanza para menos del 1% de la cesta alimentaria y les condena a la pobreza extrema.
Los problemas de transporte, causados entre otros por la escasez de gasolina, así como la falta de electricidad y una reducida cobertura de telefonía móvil e internet ponen en peligro el disfrute del derecho a la educación.
LAS SANCIONES
Principalmente desde Estados Unidos, pero también desde otros países americanos y europeos, se han aplicado cientos de sanciones contra funcionarios de la llamada revolución bolivariana y sobre el sistema financiero nacional.
Este embargo económico incluye la prohibición de hacer negocios con la estatal petrolera Pdvsa o la congelación de activos del Banco Central de Venezuela (BCV), pero también el hecho de que EE.UU. ha tratado de impedir que Venezuela reciba combustible de Irán y de que ha habido "amenazas" y "presiones" para que terceros no suscriban contratos con Caracas.
También en el marco de las sanciones, que en su mayoría están sustentadas en el señalamiento del Gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, Venezuela, o al menos el Ejecutivo, no ha podido acceder a dinero público depositado en el extranjero.
La relatora subrayó que sancionar sectores económicos como el petróleo, oro, minería y otros, la aerolínea estatal y la industria de la televisión estatal constituyen "una violación del derecho internacional y su ilicitud no se excluye con hacer referencia a las contramedidas".
En este sentido, recordó que los activos del BCV y los bienes utilizados para funciones públicas pertenecen al Estado venezolano y no al Gobierno y, por lo tanto, la congelación de estos recursos "viola los derechos soberanos del país e impide a su Gobierno ejercer su deber de garantizar las necesidades de la población".
LAS RECOMENDACIONES
Douhan concluye que las sanciones impuestas al país "afectan al pueblo venezolano" y "han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes", lo cual "ha tenido un efecto devastador en toda la población".
La relatora subrayó la "inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente" e instó al Gobierno de los EE.UU. a "reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano", así como "revisar y levantar las sanciones secundarias impuestas a terceros países", relacionadas con la tirantez entre Caracas y Washington.
Asimismo, se recomiendó al Gobierno de Maduro para que, junto a agencias de la ONU, negocie un acuerdo para "garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales sin distingos".
