En cumplimiento a una orden emitida por la Fiscalía, el exmandatario se encuentra arrestado en su domicilio.
Se espera que Peña se mantenga recluido en su casa hasta quedar a disposición de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía.
La Policía Nacional de Paraguay informó este viernes que el expresidente Santiago Peña, destituido horas antes por el Senado en un juicio político, "ya se encuentra oficialmente detenido" en su domicilio, tras la orden emitida por la Fiscalía, en medio de la crisis política desatada por el cierre de Ueno bank.
"Ya se encuentra oficialmente detenido, acaba de darse por notificado y se lo puso en conocimiento de que oficialmente va a quedar arrestado en su domicilio", dijo a periodistas un oficial de la Policía en las afueras de la residencia de Peña.
El auto de arresto pide garantizar la detención domiciliaria de Peña "hasta cuando sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción" de Asunción.
"Se ha constatado que se encuentra en su domicilio y se puso a disposición", dijo ante los periodistas la fiscal del caso Silvia González.
La orden del Ministerio Público también apunta a la detención de Carlos Carvallo Spalding, que hasta el martes pasado dirigió el Banco Central de Paraguay (BCP) cuando renunció por el escándalo del vaciamiento de Ueno bank.
Imágenes de la televisión local mostraron a una veintena de agentes resguardando la casa, mientras que algunos manifestantes pedían recluirlo en prisión esta misma noche.
"El pueblo exige que vaya a la cárcel: nos vamos a quedar en vigilia para que él no se vaya (huya), no se quede en su casa, que duerma tras las rejas", dijo una mujer que se identificó como Andrea Salazar.
Paraguay entró en una crisis después de que el BCP ordenó un procedimiento de resolución del Ueno, una institución con 2,94 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes, que recibió durante el mandato del ahora exgobernante millonarios recursos de entidades públicas.
A ello se sumó la preocupación de miles de ahorradores que denunciaron no tener acceso a sus recursos, entre ellos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones del país.
