Seúl decidió suspender el tráfico aéreo de su principal aeropuerto debido al temor a que los globos pudieran ser absorbidos por los motores de los aviones.
Una nueva oleada de globos con desechos enviados desde Corea del Norte al Sur obligó a interrumpir el tráfico aéreo durante unas tres horas en el aeropuerto internacional de Incheon, el principal del país.
Debido a la presencia de estos globos norcoreanos en los cielos del Sur, los despegues y aterrizajes de vuelos tanto nacionales como internacionales resultaron suspendidos o retrasados entre las 1:46 y las 4:44 de este miércoles (15:46-19:44 GMT del martes), según el consorcio que opera el mencionado aeropuerto.
La decisión se adoptó debido al temor a que los globos pudieran ser absorbidos por los motores de los aviones, según los responsables del aeropuerto de Incheon, que da servicio a la capital surcoreana, Seúl.
El aeropuerto se encuentra operando ya con normalidad, puesto que no se han detectado más globos en los cielos surcoreanos desde primera hora del día.
Corea del Norte envió más de 250 globos cargados con desperdicios al Sur durante la noche del martes al miércoles, en lo que supone la sexta acción de este tipo en el último mes.
Desde el pasado 28 de mayor Pionyang ha enviado más de 2.000 de estos globos en respuesta a los globos con propaganda que denuncia los abusos de derechos humanos del régimen de los Kim que envían al Norte activistas desde el Sur.
El anterior Gobierno liberal surcoreano prohibió las actividades de estos grupos de activistas en 2020 con una ley que castigaba los envíos con una multa de hasta 30 millones de wones (unos 21.600 dólares) o una pena de hasta 3 años.
La ley buscaba proteger a los surcoreanos que residen en zonas fronterizas, ya que en el pasado Pionyang llegó a responder con disparos a estas sueltas de globos, aunque muchos acusaron entonces al Ejecutivo de Moon Jae-in de plegarse a los deseos de Pionyang de cara a mantener vivo un diálogo transfronterizo que hoy ya está completamente roto.
En todo caso, el Tribunal Constitucional tumbó la norma en 2023, afirmando que coarta el derecho a la libertad de expresión.
