El ex presidente peruano Alejandro Toledo fue arrestado este martes en Estados Unidos como parte del pedido de extradición hecho por las autoridades de Perú para procesarlo por presuntos actos de corrupción vinculados con la empresa Odebrecht, informó el Ministerio Público peruano.
"Según se informó, el ex mandatario se encuentra en su primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas, como parte del proceso orientado a lograr su retorno al país", señaló la Fiscalía en un mensaje en su cuenta de Twitter.
La fuente oficial señaló que la información fue recibida a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional que indicó, sin ofrecer hasta el momento otros detalles, que el ex gobernante "fue arrestado esta mañana por mandato de extradición, en Estados Unidos".
La detención de Toledo está relacionada con el proceso de extradición que se sigue en su contra desde mayo de 2018, luego de que testigos de la empresa Odebrecht confesaron haber pagado 20 millones de dólares al ex mandatario para obtener licitaciones en obras públicas.
En febrero pasado, la Fiscalía peruana anunció que llegó a un acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) con el empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien reconoció haber ayudado a Toledo a recibir esos pagos y blanquear el dinero en paraísos fiscales.
Este lunes se conoció que el fiscal José Domingo Pérez ya entregó al Poder Judicial peruano el acuerdo de colaboración firmado con Maiman, quien el pasado 27 de junio señaló ante los fiscales peruanos que Odebrecht depositó en sus cuentas, en realidad, casi 35 millones de dólares en sobornos para el ex presidente.
Defensor insiste que Toledo es víctima de "una persecución política"
Toledo siempre ha negado vínculos con la corrupción y afirmó en diversas ocasiones que todo es un ataque de sus enemigos y es víctima de una persecución política.
Tras conocer su detención, uno de sus abogados, Heriberto Benítez, declaró al Canal N que este lunes conversó por última vez con el ex gobernante sobre "aspectos legales" del proceso de extradición y detalles de las declaraciones de Maiman.
Benítez reiteró que Toledo es víctima de una "persecución política" y dijo que Maiman ha cambiado sus declaraciones tras haber "negociado con la Fiscalía".
"Toda la carpeta que se formó para solicitar la extradición está hecha con documentos que demuestran que ha habido una persecución política", reiteró antes de señalar que las autoridades peruanas han interferido en este proceso.
"Esa persecución contra Toledo está comprobada y será valorada en su momento por las autoridades judiciales de Estados Unidos", concluyó.
El viernes se definirá si Toledo queda libre bajo fianza
Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos informó que la audiencia para determinar si Toledo sale de prisión bajo fianza será este viernes en una corte federal de San Francisco, California.
Toledo ya ha tenido una primera audiencia esta mañana ante el juez Thomas S. Hixson del Tribunal de Distrito para el Norte de California, con sede en San Francisco, quien ordenó que permanezca detenido hasta el viernes, cuando tendrá lugar la segunda audiencia.
Será en los mismos juzgados de San Francisco a las 10:30 hora local (13:30 hora de Chile), aseguró a EFE una fuente del Departamento de Justicia estadounidense.
En declaraciones a la prensa, el ministro de Justicia peruano, Vicente Zeballos, explicó que "el sistema judicial norteamericano es bastante complejo y reservado", y recordó que el procedimiento de extradición se impulsó, por parte de Perú, en mayo del año pasado.
Zeballos agregó que hay un segundo procedimiento de extradición vinculado al caso Ecoteva, la empresa creada en Costa Rica por Toledo para recibir presuntamente el soborno de Odebrecht, y que además el Poder Judicial está a punto de refrendar un acuerdo de colaboración con el empresario Josef Maiman, el supuesto testaferro del exmandatario.
El titular de Justicia informó que habrá además otra audiencia del caso el próximo lunes, donde la defensa de Toledo puede plantear un recurso de hábeas corpus, con lo cual calculó que el proceso de extradición "podría durar un año".