"¡Basta ya!": Pedro Castillo pide a la CIDH que interceda por sus derechos

El expresidente peruano Pedro Castillo reclamó este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda por él, pues considera que las autoridades de su país han vuelto a "coactar" (sic) su libertad.

"¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia", escribió Castillo en una carta firmada por él y publicada en su cuenta de Twitter.

El abogado Ronald Atencio, uno de los defensores del expresidente, afirmó este miércoles que la Justicia de su país está "violando todos los procesos", al haber programado en pocas horas la vista de un pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva para el exgobernante peruano.

"Si ustedes exigen el respeto a las leyes, hoy se están violando todos los procesos", declaró Atencio a periodistas antes de intentar ingresar a la prisión de la base policial de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en el este de Lima, en la que Castillo permanece encarcelado desde hace una semana.

El abogado, que estaba acompañado por Raúl Noblecilla, otro de los defensores de Castillo, aseguró que iba a conversar con el exgobernante para decidir los pasos a seguir ante la convocatoria a la audiencia judicial, pero luego dijo que las autoridades no le permitieron el ingreso al penal con el argumento de que no había una autorización.

"En estas condiciones no puedo ejercer un debido derecho de defensa, al no tener las garantías necesarias para ejercer un derecho de defensa eficaz, definitivamente no tengo nada que hacer en esta audiencia", remarcó antes de anunciar que se retiraba del lugar junto a Noblecilla.

Previamente había señalado que la citación, programada para comenzar a las 09.30 horas (14.30 GMT) de este miércoles por el juez supremo Juan Carlos Checkley, se decidió "entre gallos y medianoche".

"El próximo paso es exhortar al Poder Judicial a que respete el debido proceso", enfatizó antes de decir que si en su país "muchos se quejan" de que Castillo intentó la semana pasada "un resquebrajamiento" de las normas constitucionales y legales, al intentar dar un golpe de Estado, ahora deberían hacer lo mismo con las medidas que se están tomando en su contra.

Noblecilla añadió al Canal N de televisión que, para la defensa, solo "existe una resolución que confirma que hoy debería salir libre" Castillo, al cumplirse el plazo de detención preliminar que se dictó hace una semana en su contra.

LA AUDIENCIA JUDICIAL

El Poder Judicial confirmó durante la mañana de este miércoles que el juez Checkley, encargado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, evaluará el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva para Castillo, quien es investigado por la presunta comisión del delito de rebelión, a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución.

Este magistrado aprobó durante la noche de este martes la formalización de la investigación preparatoria contra Castillo y su ex primer ministro y asesor jurídico Aníbal Torres por la presunta comisión del delito de rebelión y otros.

Tras la decisión del juez, el fiscal supremo Uriel Teran, encargado de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, presentó un pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Castillo y Torres.

Una fuente vinculada a la investigación señaló a EFE que la solicitud de prisión preventiva abre la posibilidad de que se prolongue la detención preliminar que cumple Castillo, que debe culminar en principio hacia el mediodía de este miércoles.

Tanto Castillo como Torres solicitaron este martes a sus seguidores que se reúnan a partir del mediodía a las afueras de la prisión de la Diroes, en el distrito limeño de Ate, donde el exgobernante cumple la detención preliminar.

A diferencia de Castillo, Torres está libre y pasó a la clandestinidad, al conocer la acusación en su contra presentada por la fiscal general peruana, Patricia Benavides.

Medios locales informaron que la vigilancia en el lugar ha sido reforzado por un numeroso contingente de agentes de la Policía Nacional en previsión de disturbios.

La investigación ha sido calificada de "compleja" por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.