La presidenta atribuyó el caos generado en las manifestaciones a "grupos radicales".
Aseguró que estos sujetos tienen una "agenda política y económica basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando".
Al menos 62 personas han fallecido desde el inicio de las manifestaciones.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió una tregua nacional a los manifestantes que exigen su renuncia, mientras las protestas no cesaron en su país y desencadenaron este martes intensos enfrentamientos en el centro histórico de Lima.
"Llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y, mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos", declaró Boluarte en una rueda de prensa con medios extranjeros.
La presidenta también reiteró su apoyo a la Policía Nacional (PNP) en su actuación para controlar las protestas antigubernamentales y atribuyó "el caos" que han provocado estas a "grupos radicales" .
"Eso no es una protesta pacífica, es una acción violenta generada por un grupo de personas radicales que tienen como agenda política y económica basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando", remarcó.
La gobernante sostuvo que las pérdidas económicas ascienden a más de 2.000 millones de soles (unos 514 millones de dólares) en cuanto a producción y a 3.000 millones de soles (unos 772,3 millones de dólares) en cuanto a destrozos de infraestructuras como aeropuertos y carreteras, comisarías y sedes del Ministerio Público.
En las marchas antigubernamentales que piden su renuncia, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente, desarrolladas desde principios de diciembre, han fallecido 62 personas, entre víctimas directas de enfrentamientos, un policía y muertes en el marco de las protestas.
"Di un mensaje al país en el que pedí perdón por fallecidos y hoy reitero ese perdón", expresó la presidenta.
Posteriormente, los ministerios de Defensa y del Interior consideraron, en un comunicado, que es "inaceptable el nivel extremo de violencia ejercido contra las fuerzas del orden, en especial contra los efectivos policiales" en las manifestaciones.
En tanto, esta misma jornada, renunció la ministra de Producción peruana, Sandra Belaunde.
A pesar de la solicitud de la jefa de estado, Lima volvió a ser escenario durante la tarde y noche del martes de una "gran marcha nacional" convocada para exigir su renuncia, que terminó en enfrentamientos entre cientos de manifestantes y agentes de la Policía en calles y plazas del centro histórico.
Los manifestantes, que fueron convocados por organizaciones sociales, campesinas, sindicales y políticas, reiteraron su exigencia de la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, así como la convocatoria a elecciones generales para este año y a una asamblea constituyente.
El nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, indicó que algunas de las exigencias de reformas políticas y electorales están siendo ya respondidas, entre ellas el adelanto de elecciones, que se celebrarían en abril de 2024, si esto es aprobado en segunda votación por el Parlamento.
"Nuestro compromiso es conducir una transición política con los brazos extendidos a todos los actores legítimos sobre la base del diálogo", aseguró, añadiendo que se creó una comisión para atender a las víctimas de las protestas.
Estados Unidos mostró inquietud por "propuestas legislativas para limitar el periodismo de investigación y aumentar la intimidación contra periodistas", mientras que Rusia expresó su confianza en que la crisis se resuelva con el diálogo "de los propios peruanos, sin injerencias destructoras del exterior".
Dos países, Dinamarca y Finlandia, recomendaron a Perú que enmienden la Ley de Protección Policial para que incluya el requisito de proporcionalidad en sus intervenciones, mientras Suiza pidió "que todas las partes renuncien a la violencia y entablen un diálogo constructivo".
Colombia recomendó medidas para garantizar que las próximas elecciones en Perú sean "libres, limpias y transparentes", que incluirían la participación de misiones de observación electoral de Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE).
