Boluarte propondrá al Congreso peruano adelantar elecciones a abril de 2024

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este lunes, minutos después de la medianoche, que enviará al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a abril de 2024, una de las demandas de los manifestantes que han salido en los últimos dos días a las calles, durante protestas en las que han fallecido dos personas.

"He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales para abril de 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones", dijo Boluarte en una vocería.

La mandataria peruana asumió su cargo el miércoles en reemplazo de Pedro Castillo, destituido por el Congreso luego de que dictara la disolución del Parlamento, anunciara la conformación de un Ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, convocar a una asamblea constituyente y a reorganizar el sistema de Justicia.

En este sentido, dijo que toma la decisión de adelantar las elecciones y no terminar su mandato en julio de 2026 -tal y como tenía previsto inicialmente-, al interpretar "de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y, en consecuencia, con la responsabilidad que implica el ejercicio" del gobierno.

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Boluarte aclaró que la aprobación de esta ley implica reformas constitucionales "que deberían ser aprobadas para el procedimiento más expeditivo".

"En el lapso de la hora actual hasta la fecha de realización de las elecciones generales anticipadas, mi gobierno promoverá, asimismo, la concertación en el Congreso de la República de una ley de reforma del sistema político que permita (...) contar con un sistema democrático de gobierno más eficiente, transparente y participativo", dijo.

Con esa reforma, espera que quede al margen "toda la práctica de corrupción y con partidos políticos legitimados por la participación ciudadana".

"Invoco a todas las fuerzas políticas del país, de las regiones y las provincias, a las autoridades, la sociedad civil y al pueblo peruano a participar en este proceso para que una ola de voluntad democrática y responsabilidad nacional nos guíe y oriente, para sentar las bases legales, institucionales y de vida democrática de un Perú unido, libre y con justicia social", finalizó.

ESTADO DE EMERGENCIA EN ZONAS MÁS AFECTADAS POR PROTESTAS

La presidenta peruana posteriormente declaró un estado de emergencia "en las zonas de alta conflictividad social", en las que se han reproducido con más fuerza las manifestaciones que reclaman su renuncia y el adelanto de elecciones.

"Anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía", aseveró, aunque sin detallar a qué zonas se refiere.

Dos manifestantes murieron este domingo en la ciudad de Andahuaylas, en la región surandina de Apurimac, cuando participaban en una protesta por el adelanto de elecciones y la renuncia de Boluarte.

"Lamento profundamente el fallecimiento de nuestros compatriotas en Andahuaylas, Apurímac, mi tierra. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares", expresó Boluarte.

CONGRESO APROBÓ LEVANTAR FUERO DE CASTILLO

Finalmente, y en horas de la madrugada, el Congreso peruano aprobó una resolución que autoriza a levantar un fuero especial del expresidente Pedro Castillo que evitará que tenga que pasar por un antejuicio político, lo que abre el camino para que la Fiscalía amplíe la detención preventiva por rebelión.

La resolución, aprobada por 67 votos a favor y 45 en contra, busca dar lugar a una causa penal en vista a que el destituido exmandatario tiene vigente una detención preventiva por flagrancia por siete días, que vence el próximo miércoles.

En un pleno extraordinario complejo, en el que incluso un parlamentario defensor de Castillo agredió a un detractor del exmandatario, el Legislativo puso a debate el oficio del Ministerio Público en el que informaba sobre las diligencias preliminares contra Castillo, la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta.

Con esta resolución se elimina el antejuicio, que es un procedimiento político-jurídico a través del cual se levanta la inmunidad a los altos funcionarios por la presunta comisión de delitos de función, con el fin de que sea la judicatura ordinaria la que establezca la responsabilidad penal de los funcionarios acusados.

La medida legislativa se aprobó en momentos que la defensa del exmandatario ha presentado varios recursos de amparo contra la detención de Castillo, en tanto que el gobierno de México ha informado que ha recibido una solicitud de asilo por parte del exgobernante.