El próximo viernes el mandatario tendrá una hora para defenderse, luego el Congreso resolverá si sigue o no en el cargo.
De ser despojado, asumirá el líder del Parlamento: el opositor Manuel Merino.
Vizcarra cuenta con el apoyo popular, y acusa de complot a la oposición que no está conforme con las medidas anticorrupción tomadas por el Gobierno.
Los cacerolazos se repitieron este sábado por segundo día consecutivo en algunos barrios de Lima para protestar contra el juicio político que la oposición peruana ha abierto en el Congreso para destituir al presidente Martín Vizcarra en plena pandemia del Covid-19.
Convocados espontáneamente a través de redes sociales, los peruanos volvieron a manifestarse golpeando sus cacerolas desde las ventanas y balcones de sus viviendas a las 20:00 horas (18:00 de Chile), igual que hicieron el viernes a la misma hora cuando el Congreso abrió el juicio político a Vizcarra.
Esta sonora protesta se ha vuelto para los peruanos la forma idónea de expresar su descontento ante la crisis política que sacude al país sin violar las normas de distanciamiento social establecidas para prevenir más contagios de coronavirus, que ha causado en el país más de 700.000 contagios y más de 30.000 muertos.
En casi tres años de mandato, Vizcarra ha gozado del respaldo popular, especialmente cuando se ha enfrentado al Congreso, reacio siempre a sacar adelante las reformas anticorrupción del mandatario.
El momento álgido lo tuvo el año pasado cuando disolvió constitucionalmente el Congreso para que el pueblo eligiese a uno nuevo, pero esto dio como resultado un hemiciclo que ahora lo quiere destituir.
De prosperar la moción para destituir a Vizcarra, Perú se quedaría sin presidente electo por voto popular a siete meses de las elecciones generales, pues el poder ejecutivo recaería de manera interina en el presidente del Congreso, el opositor Manuel Merino.
ALIANZA CONTRA VIZCARRA
El juicio político fue abierto con los votos principalmente de los partidos Acción Popular, al que pertenece Merino, y Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú, propiedad de los empresarios César Acuña y José Luna, dueños de universidad privadas contrarios a la reforma universitaria que defiende el Gobierno.
El proceso de destitución fue promovido a raíz de la difusión de unas grabaciones secretas de conversaciones de Vizcarra donde se presume que pudo tener más relación de la que admitió semanas atrás con el al cantante Richard Swing, cuyas contrataciones a cuenta del Ministerio de Cultura investiga el Congreso.
El juicio político está convocado para el viernes 18 de septiembre, en una sesión extraordinaria del pleno del Congreso donde Vizcarra, que no tiene representación oficialista en la cámara, tendrá una hora para defenderse antes de que el hemiciclo vote si continúa o no como jefe de Estado.
LLAMADA A FUERZAS ARMADAS
Para destituirlo hacen falta dos tercios de la cámara, equivalente a 87 votos, un número que no será fácil de alcanzar para la oposición, especialmente después de que este sábado se conociera que Merino llamó el viernes a altos mandos de las fuerzas armadas para presuntamente asegurarse sin éxito su apoyo en el proceso.
Esta circunstancia ha sido rechazada y calificada por el Gobierno como una amenaza al orden democrático que refuerza la idea de "complot contra la democracia" denunciado el viernes por Vizcarra.
El Gobierno busca además anular el proceso con una demanda en el Tribunal Constitucional al entender que la "incapacidad moral permanente", fórmula elegida por el Congreso para destituir a Vizcarra, es inaplicable ya que se reserva para casos extremos donde el jefe del Estado se quede sin plenas facultades mentales.
