Gerardo Sepúlveda es testigo en la investigación contra los ex presidentes Toledo y Kuczynski por presuntos sobornos de Odebrecht.
El fiscal argumentó que necesita asegurar su permanencia en el país para que acuda a los interrogatorios.
Un juez peruano ordenó este miércoles el impedimento de salida de Perú durante dos meses del empresario chileno Gerardo Sepúlveda, testigo en una investigación que se sigue contra los ex presidentes Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski por presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
La decisión fue tomada por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien declaró fundado el pedido del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú.
El fiscal argumentó que necesita asegurar la permanencia en el país del empresario chileno, quien es socio de Kuczynski en empresas privadas, para que acuda a los interrogatorios del llamado caso Interoceánica.
Sepúlveda es considerado testigo en la investigación que sigue Pérez sobre los supuestos sobornos entregados por Odebrecht durante el Gobierno de Toledo (2001-2006), cuando Kuczynski fue ministro de Economía y se entregó la concesión de la Carretera Interoceánica.
Tras conocer la decisión del juez, la Fiscalía apeló al plazo, ya que había pedido tres meses de impedimento de salida del país, y la defensa también anunció una apelación, por considerar que la solicitud debía declararse infundada.
El fiscal Pérez sostuvo que su pedido de impedimento de salida del país era "necesario" como parte de una solicitud "excepcional" que ha hecho para que se prorrogue el plazo de investigación de la presunta concesión irregular de la Carretera Interoceánica.
"Estamos en proceso de concluir esta investigación, lamentablemente, por situaciones que han surgido, tenemos la necesidad de corroborar algunos datos, lo que nos ha llevado a solicitar una prorroga excepcional", detalló.
Pérez sostuvo que, en ese contexto, el pedido contra Sepúlveda se dio "con el objeto de que se pueda llevar a cabo su declaración" y que sus argumentos "han sido fundamentados", ya que una vez que concluya con el proceso "se va a emitir el pronunciamiento (de acusación fiscal) correspondiente".
El empresario no llegó a primera hora a la audiencia judicial por tener que atender una convocatoria a declarar en la Fiscalía, pero cuando esta diligencia se suspendió fue hacia el tribunal en el que se analizaba el pedido para que se le impida salir del país.
Sepúlveda señaló ante el juez Carhuancho que su intervención en la concesión de la Carretera Interoceánica fue "eminentemente técnica" y que está "a disposición del fiscal" para ser interrogado.
Aseguró que su rol "fue identificar estructuras y proyectos financieros en los distintos mercados para que esos financiamientos puedan ser concretados", en operaciones en conjunto con el Banco de Crédito del Perú (BCP) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
"Estoy a disposición de la Fiscalía, me han citado para esta semana tres veces, he ido dos veces y en ninguna se ha podido realizar la diligencia, no por inconcurrencia mía, estoy disponible", remarcó.
El pasado 11 de febrero otro juez peruano rechazó el pedido de la Fiscalía para que dicte 36 meses de prisión preventiva a Sepúlveda, quien también ha sido implicado en la presunta comisión del delito de lavado de activos por ser dueño de la empresa First Capital y haber sido socio de Kuczynski en la empresa Westfield Capital, ambas investigadas por haber recibido pagos de Odebrecht.
Kuczynski (2016-2018), de 81 años, cumple desde abril pasado una orden de arresto domiciliario durante 36 meses y asegura que, mientras fue ministro de Toledo, Westfield era administrada por Sepúlveda y él no conocía de los contratos que suscribía.
La fiscalía investiga, además, los depósitos efectuados por Odebrecht Latinvest en cuentas de Latin American Enterprise, vinculada a Kuczynski.
