El presidente de Perú, Martín Vizcarra, superó la enésima crisis de su corto período de gobierno, que comenzó en marzo de 2018, luego de que el pleno del Congreso rechazara este viernes una moción para destituirlo por una presunta "incapacidad moral" para seguir en el cargo.
Vizcarra, quien ha debido afrontar permanentes choques con el Congreso, la grave crisis sanitaria causada por la COVID-19 y el duro impacto económico generado por la pandemia, salvó, por una gran mayoría, la posibilidad de dejar el cargo tan solo diez meses antes del fin de su mandato.
Un grupo de congresistas había acusado al gobernante de "incapacidad moral" y pedía su destitución luego de que el pasado 10 de septiembre se difundieran tres audios que supuestamente revelaban que había ocultado o mentido sobre su participación en la contratación de un histriónico cantante en el Ministerio de Cultura.
Este viernes, tras un crispado debate, en el que incluso un legislador opositor deseó que en el futuro se aplique la pena de muerte a Vizcarra, el pedido se quedó muy lejos de los 87 votos mínimos que establece la ley peruana para que un jefe de Estado sea removido del cargo.
AMPLIO RECHAZO
La posibilidad de que Vizcarra fuera reemplazado hasta el próximo 28 de julio por el presidente del Congreso, Manuel Merino, uno de los impulsores de su destitución, recibió 78 votos en contra, 32 a favor y 15 abstenciones.
Después de unas diez horas de debate, el Congreso mantuvo a los peruanos innecesariamente en ascuas al decidir votar primero por una ley pendiente, en este caso de financiación de los partidos políticos, para solo después proceder a la consulta sobre la destitución.
Horas antes, antes del inicio del debate de la "moción de vacancia" (destitución), Vizcarra sorprendió presentándose ante el Congreso para defender que su comportamiento "ha sido siempre correcto" y no ha cometido "ningún acto ilegal".
El gobernante había anunciado poco antes que haría un viaje de trabajo a la ciudad norteña de Trujillo, pero tras enviar al Congreso a su abogado, Roberto Pereira, decidió también presentar un breve alegato de defensa en el hemiciclo, al que acudió con traje formal, pero sin corbata, en un gesto que fue muy comentado.
PEDIDO DE DISCULPAS
Ante el pleno Legislativo, reunido de manera virtual y con solo los portavoces de las bancadas en el hemiciclo, el gobernante enfatizó que su país "no puede estar detenido por unos audios sin ninguna validez", aunque pidió "sinceras disculpas" por la crisis generada por las grabaciones ilegales, supuestamente hechas por su exsecretaria Karem Roca.
Tras reconocer que su voz sí aparece en una de las grabaciones que se refieren al caso del cantante Richard "Swing" Cisneros, cuestionado por su cercanía con el mandatario, Vizcarra afirmó que las acusaciones se basan en audios "sin peritaje, sin ser contrastados, sin que aún se reconozca la veracidad de su contenido".
El gobernante pidió, finalmente, al Legislativo que no se genere "una nueva crisis sin fundamento que afectaría a los peruanos mas vulnerables" en plena crisis de la COVID-19 y confió en que los parlamentarios harían "prevalecer sus valores democráticos".
Vizcarra señaló luego, cuando ya estaba en Trujillo, que decidió presentarse ante el Congreso para "dar la cara" y porque siempre está "al frente de las autoridades y del pueblo".
CRISPADO DEBATE
Como era de esperarse, al mantener Vizcarra un duro enfrentamiento con la oposición política, el posterior debate en el Legislativo estuvo cargado de adjetivos y descalificaciones entre congresistas y hacia la actuación del jefe de Estado.
Mientras que parlamentarios centristas y de izquierda moderada remarcaban que Perú no puede enfrentar la destitución de un gobernante en plena crisis sanitaria y económica, otros legisladores opinaron que esa era una decisión "política y no jurídica" y Vizcarra no podía seguir en el cargo.
La opinión más polémica la emitió el congresista ultranacionalista Posemoscrowte Chagua, del partido Unión por el Perú (UPP), quien dijo que espera que Vizcarra reciba la pena de muerte por corrupción.
"Mi voto es por la vacancia y porque se le siga juzgando y termine en la cárcel por todos sus delitos; peor aún, le deseo la pena de muerte por macrocorrupción y traición a la patria después de un juicio justo en un nuevo escenario legal con una nueva Constitución", señaló.
Sin embargo, tras conocerse el resultado de la votación, la ministra de Justicia, Ana Neyra, aseguró que este "es un triunfo del país, no del Gobierno" y saludó la "actitud democrática" del Congreso, al que ofreció "seguir trabajando juntos".
"Es importante que recordemos lo central, que es seguir enfrentando a la pandemia, seguir trabajando por el país, aquí no hay vencedores ni vencidos", enfatizó.
