La destitución será realizada si se alcanzan los 87 votos.
El proceso fue convocado para el 4 de noviembre.
Vizcarra ha negado categóricamente haber recibido coimas y ha expresado que se abre a todas las investigaciones en su contra.
La primera semana de noviembre se sabrá si el Congreso peruano abre o no un nuevo proceso para destituir al presidente Martín Vizcarra, después de que en una inesperada decisión la dirección del parlamento optara este jueves por cumplir con el lento proceso legal ordinario en lugar de acelerar el trámite.
Así se saldó la sesión parlamentaria en la que estaba previsto que por segunda vez en menos de mes y medio los diputados debatieran si hay méritos para abrir un juicio político (moción de vacancia) al mandatario por "permanente incapacidad moral".
Sin embargo, en notable contraste con el mes de septiembre, cuando el Congreso anunció una vacancia y votó su admisión en 24 horas, en esta ocasión se decidió seguir el procedimiento habitual, mucho más reposado, y decidió que el trámite proseguirá en el siguiente pleno, convocado para el 4 de noviembre.
La vacancia presidencial, de hecho, no es tan urgente como para suspender la denominada "semana de representación", en la que los diputados viajan a sus circunscripciones para mantener contacto con sus constituyentes.
MANIOBRA POR VOTOS
Ostensiblemente, según explicó a EFE Mirtha Vázquez, diputada del partido izquierdista Frente Amplio, el retraso hasta noviembre responde formalmente al procedimiento.
"Primero se da cuenta a la cámara de la moción, que se hizo hoy, y el siguiente paso es, en la sesión siguiente votar su admisión. Como hay 'semana de representación', se fijó esta sesión para noviembre", explicó la diputada.
Sin embargo, el nuevo enfoque del Congreso también responde, según la diputada, "a que ciertos grupos políticos, y la mesa directiva, están susceptibles todavía ante el fracaso de la vacancia anterior, que se criticó por acelerada, y se están cuidando un poco".
Más aún, este plazo hasta noviembre se está dando "porque esta vez van a intentar conseguir los votos (para admitir la vacancia) pues ahora no los hay".
"Se están dando tiempo para ver si salen algunas cosas más de Vizcarra para que la gente cambie su decisión. Es decir, se están cuidando los plazos, no hacerlo como la vez pasada, pero también hay un cálculo para ver qué puede surgir", indicó la legisladora.
NO HAY VOTOS
Para ser admitido a trámite, la moción de vacancia requiere el apoyo de al menos 54 diputados, lo que daría pie a una nueva sesión en un plazo de diez días en donde el mandatario o su abogado podrán exponer su defensa.
La destitución será una realidad si logra entonces alcanzar 87 votos.
Pero tanto los 54 votos como los 87 son de momento un escenario posible, pues varios grupos parlamentarios ya expresaron su intención de no acompañar la iniciativa e indicaron que sólo favorecen que se investigue a Vizcarra, pero no destituirlo cuando el país afronta la grave crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19.
"Todos estamos de acuerdo con el diagnóstico de lo grave de la situación y que es un tema delicado que tiene serios indicios de corrupción. Pero diferimos de la salida, para unos tiene que ser vacancia y para otros, como yo, creemos que la destitución no va a solucionar la corrupción en este momento y más bien exigimos una investigación profunda desde el Ministerio Público", razonó Vázquez.
QUE NO PROSPERE
Desde el Gobierno, el primer ministro, Walter Martos, indicó en un encuentro con la prensa extranjera acreditada en el país que la expectativa es que este nuevo intento de vacancia "no prospere", pues proviene "de grupos radicales, que quieren ver en libertad a su líder, que se presente a las elecciones, o que se posterguen las elecciones porque la circunstancia electoral no les es favorable".
Martos se refirió así al militar golpista preso Antauro Humala, hermano del ex presidente Ollanta Humala (2011-2016), cuyos intereses son defendidos en el parlamento por Unión por el Perú, el partido que presentó el pedido de moción.
El primer ministro indicó además que "probablemente" todos los meses que restan hasta las elecciones "van a intentar vacar al presidente", pero que eso no impedirá al Gobierno seguir conversando "con aquellos parlamentarios que sí son demócratas y quieren estabilidad en el país".
MOQUEGUA
El nuevo intento para destituir al presidente arrancó después de que el pasado fin de semana se conociera que varios aspirantes a colaboradores eficaces de la Justicia (delatores premiados) afirmaran que el mandatario recibió pagos millonarios a cambio de conceder obras públicas cuando era gobernador de la región de Moquegua (2011-2016).
Esos testigos acusan a Vizcarra por dos casos distintos, vinculados a la trama del denominado "club de la construcción", la supuesta asociación ilícita de varias empresas de infraestructuras peruanas para repartirse licitaciones públicas a cambio del pago de sobornos.
En este marco, el Ministerio Público anunció el lunes la apertura de una investigación preliminar contra Vizcarra por los delitos de colusión y asociación ilícita, por los que ha sido citado a declarar por el fiscal Germán Juárez el próximo día 3 de noviembre.
Vizcarra ha negado categóricamente haber recibido coimas y ha expresado que se abre a todas las investigaciones en su contra, pese a que la Constitución protege la inmunidad del mandatario hasta que éste termine su mandato en julio de 2018.
SWING
Estas denuncias son paralelas al caso de Richard "Swing" Cisneros, que el pasado mes de septiembre provocó el intento de destitución que finalmente no fue adoptado por el Congreso entre una enorme polémica.
La revelación de una serie de grabaciones clandestinas, fruto de una "traición" de la asistente personal de Vizcarra, Karem Roca, en la que el mandatario parece querer ocultar varias reuniones con "Swing" -desconocido músico que recibió injustificados contratos en el Estado supuestamente por ser amigo de Vizcarra- detonaron ese intento "exprés" de destitución.
Sin embargo, la mayoría de congresistas rechazó finalmente destituir a Vizcarra para mantener la estabilidad y después de que trascendió que el presidente del Congreso, Manuel Merino, principal impulsor del proceso y quien asumiría el Gobierno en caso de que se vacara al mandatario contactó con las Fuerzas Armadas y buscó crear un "gobierno en la sombra" antes incluso de que se conocieran las denuncias contra el mandatario.
