El expresidente peruano Pedro Castillo intentó dar un autogolpe de Estado el pasado 7 de diciembre al sentir que iba a ser destituido horas después por el Congreso y como una "última carta" cuando ya "había perdido la partida", aseguró a EFE su abogado Wilfredo Robles.
"En la última ocasión que tuvo, porque el presidente Pedro Castillo se sentía seguro que (el Congreso) sí tenía los votos para vacarlo (destituirlo). No es cierto esa narrativa de que '¿por qué hizo esto si no existían los votos suficientes?'", aseguró Robles en una entrevista con EFE.
El letrado reconoce que el expresidente anunció el cierre del Congreso sin que éste le hubiera negado dos veces la confianza, tal y como establece la Constitución -razón por la que la orden dictada por el entonces mandatario es calificada mayoritariamente como un intento de golpe de Estado-, pero considera "preocupante" la orden de 18 meses de prisión preventiva en su contra.
Su mensaje del 7 de diciembre, sostiene el abogado, "carecía de cualquier efecto", porque no había sido aprobado en ningún Consejo de Ministros ni publicado en el diario oficial El Peruano, la fórmula habitual para cualquier acto legal en el país andino, pese a que, como sostiene la acusación, sus órdenes eran inconstitucionales al constituir un intento de autogolpe.
"Era un acto ineficaz, carente de toda formalidad y de imposible ejecución", insiste Robles, quien estuvo preso 11 años por terrorismo y luego -asegura- fue absuelto.
Entonces, ¿por qué lo hizo? "Fue un acto político, un acto de reivindicación de cuestiones que le exigía la población".
"CONDICIONES OPRESIVAS"
A juicio de Robles, Castillo vive "en condiciones opresivas y de venganza" en el penal donde cumple prisión preventiva desde diciembre por su fallido autogolpe, un caso en el que la Justicia está "aplicando una consigna política" en alianza con el Congreso y la Fiscalía.
Desde su oficina del centro histórico de Lima, el letrado explica que al exmandatario le "niegan atención médica especializada" y "comunicación telefónica" en la cárcel de Barbadillo, donde también "sufre represalias" en forma de recortes de visitas cuando "aparecen" mensajes en su cuenta de Twitter.
"Las condiciones son opresivas, son de venganza", opina Robles, tras mencionar supuestas diferencias de trato con el otro recluso del mismo penal, el expresidente Alberto Fujimori, quien, según dice, tiene teléfono y "una ambulancia a su disposición".
El abogado, quien integra la defensa técnica de Castillo por la investigación abierta por rebelión, asegura, sin embargo, que el maestro de escuela rural se encuentra "sereno" y "firme" porque "comprende que todo lo que se hace contra él es, en realidad, un escarmiento contra sus votantes".
Según Robles, fue por ellos que Castillo jugó su "última carta" cuando fracasó en su intento de dictar la disolución del Parlamento y anunciar la instauración de un ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto, la convocatoria a una asamblea constituyente y la reorganización del sistema de justicia.
"En ese momento, estando su suerte echada, le interesaba transmitir un mensaje a su electorado, a su pueblo, con el cual se sentía en deuda por el tema de la constituyente y del repudiado Congreso", afirma.
UNA "CONSIGNA POLÍTICA"
A través de una cincuentena de apelaciones, amparos y otros recursos, Castillo ha insistido en reiteradas ocasiones en su pedido para que el Poder Judicial le anule la cárcel preventiva y el proceso por rebelión, bajo el argumento de que el Parlamento y la Fiscalía no respetaron su derecho al antejuicio y de que el delito por el que lo acusan implica un alzamiento armado que, en su caso, no hubo.
"El hecho de que Pedro Castillo haya aparecido en la televisión leyendo un mensaje no califica para nadie como alzamiento armado", comenta Robles, antes de denunciar una suerte de complot "entre el Congreso, la Fiscalía y los jueces" que, según dice, están "aplicando una consigna política".
"Por eso sostenemos que Pedro Castillo es un preso político (...) y concluimos que a partir del 7 de diciembre en el Perú no existe estado de derecho, existe una dictadura", sentencia.
Robles está convencido de que, dentro del territorio nacional, nadie les va a dar la razón -por ahora, no ha prosperado ningún recurso- y tampoco tiene confianza con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dice que "respalda a la presidenta Dina Boluarte".
"Por eso hemos acudido a las Naciones Unidas", dijo en relación a las sesiones sobre Perú celebradas a comienzos de marzo en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde "finalmente se pudo poner sobre el tapete el debate de lo que está ocurriendo ahora y con el presidente Pedro Castillo".
Mientras nada se resuelva a su favor, el exmandatario seguirá en Barbadillo, donde también cumple otros 36 meses de prisión preventiva por presuntos casos de corrupción.
Allí, el maestro rural ve pasar los días entre libros y una pequeña huerta que ha "reverdecido" con la siembra de "calabazas, papas y plantas de ají" y ha vuelto a usar el característico sombrero chotano, que abandonó durante su gestión y que tanta simpatía como rechazo causó en la campaña electoral.
