Organizaciones civiles y de la iglesia en Perú pidieron este sábado a los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori que juren públicamente que dejarán el poder al final de su mandato en 2026, a quien resulte ganador de la segunda vuelta, y que no interferirán en investigaciones de la Fiscalía.
La "Proclama Ciudadana: Juramento por la democracia" es un documento elaborado por Conferencia Episcopal Peruana, la Unión de Iglesias Evangélicas del Perú, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Civil Transparencia para exigirle a los candidatos el cumplimiento de una serie de tópicos urgentes.
Estas organizaciones advierten que "por sus trayectorias, programas y discursos, es más urgente que nunca mantenerse vigilante ante posibles amenazas a la democracia".
Añade que si alguno de los candidatos se negara a firmar o no cumpliera el juramento, "la sociedad civil democrática advertirá los peligros de ello y sabrá defender nuestra democracia".
Por tal motivo, exigen al candidato izquierdista Castillo y a la postulante de derecha Fujimori, que tiene una acusación por lavado de activos en curso, que juren que pondrán en marcha "los máximos esfuerzos del Estado para vencer la pandemia mediante estrategias eficaces con base científica" para la prevención, tratamiento y vacunación universal.
Asimismo, respetar el derecho a la vida y garantizar los derechos humanos de minorías y marginados para garantizar una sociedad inclusiva, tolerante y plural.
NO A LA REELECCIÓN Y RESPETO A LA CONSTITUCIÓN
Igualmente, que Castillo y Fujimori juren "dejar el poder después del 28 de julio de 2026 y no buscar ni intentar ningún mecanismo de reelección".
Respecto a las propuestas de Castillo de convocar a un referéndum para hacer una reforma constitucional, la proclama les pidió jurar que "cualquier cambio y/o reforma, incluida en la Constitución, se hará a través de los mecanismos constitucionales vigentes".
Otras demandas se refieren a respetar y proteger la independencia y fueros de los otros poderes del Estado, así como la autonomía del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo y del Banco Central de Reserva.
Con respecto a la lucha contra la corrupción, les exige no interferir en las investigaciones de la Fiscalía, la Policía Nacional, la Procuraduría y la Contraloría de la República.
Igualmente, darle prioridad a la lucha contra la inseguridad ciudadana, terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, y también respetar los tratados internacionales y decisiones del sistema interamericano de justicia.
