La proclamación del presidente electo de Perú, Pedro Castillo, se realizaría al concluir la primera quincena de julio, tras un mes de las elecciones presidenciales que enfrentó a Castillo con Keiko Fujiori.
La tardanza en la proclamación se debe a la espera de que la corte electoral resuelva los pedidos de nulidad presentados por Fuerza Popular, partido fujimorista.
El candidato izquierdita Pedro Castillo se impuso con el 50,12 % de las preferencias, tras superar a su rival por aproximadamente 44.000 votos en la contienda.
Lo anterior fue frenado por el fujimorismo que ha dilatado la proclamación oficial de Castillo, quien tomará las riendas del país el próximo 28 de julio al concluir el régimen de transición que preside Francisco Sagasti.
Denuncias por fraude electoral
A una semana de la jornada electoral del 6 de junio, la candidata derechista -hija y heredera política del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000)- denunció un "fraude sistemático". Esto ocurrió una vez que la ventaja de Castillo sobre Keiko era evidente.
Dos días después pidió anular cerca de 800 actas "fraudulentas", equivalentes a 200.000 sufragios concentrados en zonas del interior rural y pobre del país que, por cierto, resultaban favorables a su contrincante.
En primera instancia, los reclamos fueron rechazados por los Jurados Electorales Especiales (JEE). En su mayoría por defectos formales, pero también por ausencia de pruebas.
En este contexto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió alargar 48 horas el plazo para admitir a trámite estos recursos.
Sin embargo, y tras un día de tensiones y críticas, dio marcha atrás a su decisión tras comprobar que transgredía normas legales, incluidas algunas establecidas por el Tribunal Constitucional.
Actualmente los pedidos de nulidad están en manos del JNE, que hace quince días comenzó a rechazar de forma definitiva las apelaciones del equipo legal de Fuerza Popular.
Este revés se suma al aval de las misiones de observación electoral que supervisó los comicios y que rechazó el posible fraude. Entre ellas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Asociación Civil Transparencia y la Defensoría del Pueblo.
Vuelta tras vuelta
A la espera de las resoluciones finales y la proclamación oficial por parte del JNE, la incierta coyuntura electoral sacó a flote campañas de descrédito, hostigamiento y discriminación en horas cruciales para la democracia de Perú.
Esta tensión tuvo un eco en las redes sociales y en las calles de Lima, que durante varios días consecutivos se llenaron de miles de partidarios de ambos candidatos que salieron a defender sus opciones políticas.
El panorama se agudizó cuando un grupo de militares en retiro pidió a los altos mandos de las Fuerzas Armadas no reconocer a Castillo como presidente electo.
En tanto, el pasado 1 de julio el exmilitar Pedro Rejas admitió haber participado en un plan ideado por el ex asesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, para conseguir que la candidata sea reconocida como ganadora de los comicios.
Se difundieron grabaciones de diálogos telefónicos en los que sugería a Rejas sobornar con un millón de dólares a tres de los cuatro magistrados del JNE, además de afirmar que la candidata y su partido habían "recibido un montón de plata".
Por lo anterior la Fiscalía abrió una nueva investigación por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Neutralidad en el Ejecutivo
Francisco Sagasti, inmerso en una sutil batalla pública con Fujimori, desestimó una solicitud que le hizo la candidata para que pida una auditoría internacional de los comicios.
Durante esta jornada, Sagasti reiteró su compromiso con el principio de neutralidad y recordó que, en su calidad de mandatario, no puede pronunciarse sobre el proceso electoral ni señalar una fecha en la que se deba proclamar al presidente electo.
"Un presidente no es un árbitro, el JNE es el único que tiene la potestad de definir", insistió el presidente de transición, antes de aseverar que su Gobierno estará a disposición de la nueva Administración "por el tiempo que se considere necesario" y más allá del 28 de julio.