El ex presidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) deberá afrontar a la Justicia de su país después de que la Fiscalía anunciara el inicio de una investigación penal en su contra por su supuesta implicación en el caso de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
El Ministerio Público informó a través de su cuenta en la red social Twitter que el ex presidente deberá responder por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, al haber supuestamente favorecido los intereses de Odebrecht en el país a cambio de recibir 20 millones de dólares.
La Fiscalía informó también que el proceso se extiende a Jorge Barata, ex director de las oficinas de Odebrecht en Perú, y contra Josef Maiman, el empresario amigo de Toledo señalado de ejercer como testaferro del ex presidente.
Según la Fiscalía, Barata será investigado como supuesto cómplice primario del delito de lavado de activos y Maiman como autor primario de este delito.
Ahora será un juez el que tendrá que definir en una audiencia qué medidas se tomarán respecto al ex mandatario y los otros acusados y que pueden incluir un pedido de búsqueda y captura internacional.
Designan a procuradoras públicas
Mientras, el Gobierno peruano designó a las procuradoras públicas que plantearán una eventual reparación civil para el Estado en este caso.
Mediante sendas resoluciones supremas, el Ministerio de Justicia nombró a las abogadas Katherine Milagros Ampuero Meza y Liliana Elizabeth Meza Quito como procuradoras públicas, principal y adjunta, respectivamente, en las investigaciones por las denuncias de corrupción contra Odebrecht.
Las procuradoras estarán a cargo de ejercer la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano ante los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales e internacionales, en las investigaciones sobre el caso.
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, explicó a la emisora RPP Noticias antes de que se conociera el pedido de la Fiscalía que la designación de las procuradoras es conveniente porque "busca defender los intereses económicos del Estado, en otras palabras, la reparación civil".
"No es que el procurador diga: necesito mil millones de reparación civil porque se hizo un gran daño al Estado, no se trata de decirlo, sino de cuantificarlo y eso implica de pruebas periciales o contables", añadió Rodríguez.
El magistrado advirtió además que los delitos imputados a Toledo serían lavado de activos, colusión, cohecho y soborno internacional y que "es un imposible jurídico que haya prescripción" porque cuando hay un perjuicio contra el Estado, la prescripción se duplica.
En total, Odebrecht admitió haber pagado sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014, años que comprenden los gobiernos de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende de un acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
