La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, presentó este viernes una nueva denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y su exministro de Defensa, Walter Ayala, por un caso de presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La institución publicó en Twitter que a ambos "se les imputa ser presuntos autores de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, entre otros".
Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal limeño de Barbadillo por el fallido autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, y la justicia dictó en marzo 36 meses más por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
El caso de supuestos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se trata de una presunta organización criminal que cobró dinero a cambio de autorizar ascensos irregulares en las fuerzas de seguridad del Estado en 2021, bajo la supuesta dirección de Castillo.
Y se conoció en agosto de 2021, cuando los excomandantes generales del Ejército José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea Jorge Chaparro denunciaron que fueron pasados al retiro por no haber accedido a presiones.
Esas presiones fueron presuntamente ejercidas por el entonces secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, por disposición de Castillo y el exministro Ayala.
A fines de diciembre de 2022, la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP -a petición de la Fiscalía- realizó una serie de allanamientos y detenciones de policías investigados en este caso, entre ellos, fue detenido el general retirado Javier Gallardo, excomandante general de la Policía durante la gestión de Castillo.
Tras esa diligencia, el exministro Ayala declaró que está "presto a que se investigue" el caso, pero consideró que la intervención fiscal fue "un show".
"Esto ha sido innecesario, no han encontrado nada", acusó, antes de también cuestionar que se ordenen detenciones preliminares, ya que consideró que se debió citar a los implicados para que declaren.
