El fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, presentará este martes su carta de renuncia ante la Junta de Fiscales Supremos, en medio de la severa crisis que afronta el Ministerio Público peruano.
Chávarry señaló, en un comunicado que publicó ayer lunes en Twitter, que ha tomado la decisión de dimitir "en aras de la autonomía del Ministerio Público y a fin de evitar que otros entes también autónomos se vean igualmente vulnerados inconstitucionalmente".
El fiscal aludió de esa manera, a un proyecto que presentó el pasado miércoles el presidente de Perú, Martín Vizcarra, al Congreso para declarar en emergencia al Ministerio Público, tras la crisis generada por la decisión que tomó Chávarry el 31 de diciembre de destituir a los fiscales encargados del caso Odebrecht en el país.
Aunque la presión política y ciudadana llevó, dos días después, a Chávarry a reponer en sus cargos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, hasta la fecha se había negado a dejar el cargo, lo que también generó un enfrentamiento entre las bancadas del Congreso por su continuidad a la cabeza del Ministerio Público.
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En su comunicado, Chávarry se consideró un "demócrata con una trayectoria amplia e impecable en la impartición de justicia" y aseguró que no quiere ser "pretexto para que continúen estos actos ilegales contra la institución" a la que representa.
La Junta de Fiscales aceptará la renuncia, según supremo
Tras conocerse su anuncio, el fiscal supremo Tomás Gálvez anunció al Canal N de televisión que la Junta de Fiscales aceptará la renuncia y nombrará a un fiscal general provisional.
Detalló que el cargo deberá ser asumido por el fiscal supremo más antiguo, en este caso Pablo Sánchez, quien ya ocupó la fiscalía general antes que Chávarry y este fin de semana anunció que no aceptará para que le corresponda a la fiscal Zoraida Ávalos.
Gálvez aclaró que Chávarry se mantendrá como fiscal supremo, porque no se ha discutido su renuncia a ese cargo, y podrá participar en todas las votaciones de la junta, que está integrada por él, Sánchez, Ávalos, Gálvez y Víctor Rodríguez.
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) envió a la Junta de Fiscales un documento que oficializó la suspensión de Chávarry como colegiado durante cuatro meses, por haber mentido sobre sus vínculos con el exjuez César Hinostroza y una red de corrupción en la Judicatura conocida como "Los cuellos blancos del puerto".
El debate sobre la situación de Chávarry generó ayer lunes un conflicto en el Congreso durante el primer pleno del año, del que se retiró la bancada fujimorista, lo que impidió alcanzar el quórum para exigirle a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside el fujimorista César Segura, que debata las denuncias presentadas desde hace seis meses contra Chávarry.
Entre estas se cuentan las de integrar la organización criminal "Los cuellos blancos del puerto", que negociaba prebendas y favores al interior de la Judicatura, así como de obstaculizar la investigación contra Keiko Fujimori, quien cumple 36 meses de prisión mientras es investigada por presunto lavado de activos.
