Los aportes ilegales recibidos presuntamente por el partido de Fujimori para las campañas de 2011 y 2016 asciende a 17 millones de dólares.
Por esos delitos, el fiscal del caso pidió 30 años de cárcel para la hija del expresidente peruano.
El fiscal peruano José Domingo Pérez afirmó que la excandidata presidencial Keiko Fujimori fundó el partido Fuerza Popular no sólo con el objetivo de lucrar, sino de lograr la impunidad de sus integrantes, implicados en una organización criminal, al presentar este martes la acusación en el juicio oral contra ella y otras 45 personas y entidades.
En audiencia pública, Pérez sustentó la acusación formulada contra Fujimori, por la que pide 30 años de prisión, la cúpula de su partido y decenas de colaboradores y supuestos aportantes a sus campañas para optar la presidencia de Perú en 2011 y 2016.
El fiscal anticorrupción afirmó que Fuerza Popular es una organización criminal que "no busca solamente lucrar", sino que busca poder para "maximizar sus intereses" y lograr la protección de sus integrantes instrumentalizando a las instituciones del Estado.
Expresó que el partido de Fujimori ha buscado controlar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el entonces Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, "con el propósito de lograr la impunidad de quienes han cometido estos graves delitos".
Pérez sostuvo que Keiko Fujimori, como presidenta del partido político, "tenía conocimiento y manejo de los ingresos que captaba" para sus actividades proselitistas.
Así, el fiscal comenzó a relatar cómo "la organización criminal capta activos de procedencia ilícita con el objeto de mezclar el dinero con los activos ilícitos" que también recibe, con el objeto de convertirlos en aportes de campaña.
Pérez declaró que uno de los testigos de la Fiscalía, el empresario Antonio Camayo, confirmó que a Fujimori se le conocía por el alias de 'Señora K' y que era quien ejercía una jerarquía vertical, a cargo de conducir y coordinar las actividades criminales.
Al citar los hechos vinculados al delito de lavado de activos, entre los años 2011 y 2016, recordó que la constructora brasileña Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos para financiar campañas políticas en el extranjero con sus ganancias de la corrupción.
Asimismo, el fiscal relató que el expresidente del Banco de Crédito del Perú, Dionisio Romero, también declaró ante él, y testificará en el juicio, que entregó a Fujimori 3,6 millones de dólares en efectivo, tras retirarlo de la bóveda de su sede principal en el distrito de La Molina, en Lima.
"Ese dinero, bolsa en mano, se lo entregó a Keiko Fujimori de manera personal", afirmó Pérez.
De igual forma, el fiscal indicó que el mayor gremio empresarial del país, Confiep, captó dos millones de dólares de 14 grupos empresariales, bajo la apariencia de una campaña de promoción de la inversión privada, para entregarlo a la campaña de Fujimori en 2011.
Sin embargo, algunos de los directivos de esos grupos empresariales, como Roque Benavides y Carlos Rodríguez Pastor, confirmaron que hicieron ese donativo a la Confiep, pero que no iba dirigido a la campaña de Fujimori.
De similar manera, el grupo Rasmuss captó 3,5 millones de dólares para la campaña de 2011 y entregó el dinero en varias partes, en efectivo, a personas del entorno de Fujimori, como Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere, entre otros, señaló el fiscal.
Los aportes ilegales recibidos presuntamente por el partido de Fujimori para las campañas de 2011 y 2016 asciende a 17 millones de dólares, según adelantó el coordinador de Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, Rafael Vela, en entrevista con el diario La República.
