El Ministerio Público de Perú acusó a la dirigenta por organización criminal, lavado de dinero y obstrucción a la justicia por ocultar presuntas donaciones ilegales.
Ahora el caso pasó a manos del Poder Judicial peruano, pero el proceso puede demorar meses para que se decida finalmente la condena de Fujimori.
Más de 30 años de prisión por organización criminal, lavado de dinero, falsedad y obstrucción a la Justicia es la acusación contra la candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori por ocultar presuntas donaciones ilegítimas de Odebrecht y otras empresas en sus anteriores campañas electorales.
Tras más de cuatro años desde que inició sus primeras pesquisas, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez concluyó y presentó este jueves ante la Justicia el informe de su investigación a Fujimori, la hija y heredera política de expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y líder del partido opositor Fuerza Popular (FP).
Las acusaciones formales también se extienden a su marido Mark Vito y a varios de sus colaboradores más cercanos, así como al propio partido, para el que solicita que sea "disuelto y liquidado" en caso de resultar condenado por estos delitos.
Este anuncio llega en plena campaña electoral para las elecciones generales del 11 de abril en la que Fujimori y FP están en contienda y supone la culminación del primer paso legal que puede llevar a la condena de la política y su entorno.
Ahora el caso de Fujimori queda en manos del Poder Judicial y será el juez Victor Zúñiga quien realice el control de la acusación, un proceso que puede demorar meses, y decida finalmente si se abre juicio oral por este caso.
EN PLENA CAMPAÑA
La resolución de la Fiscalía, si bien era ampliamente esperada y de hecho exigida por muchos sectores debido a la lentitud de la investigación, cuya última fase formal se demoró 2 años, 4 meses y 11 días, cayó en plena campaña electoral e inmediatamente hizo surgir críticas por su "oportunismo".
Así lo interpretó la propia Fujimori, quien en sus redes sociales indicó que "por más que un fiscal quiera ahora meterse en la recta final de la primera vuelta", ella segurá "enfrentando esta persecución y avanzando con energía" para, junto al pueblo, "superar esta emergencia sanitaria y económica".
Por más que un fiscal quiera ahora meterse en la recta final de la primera vuelta, yo seguiré enfrentando esta persecución y avanzando con energía para que juntos podamos superar esta emergencia sanitaria y económica. #AtuLado pic.twitter.com/n446qWsUQv
— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) March 11, 2021
De forma sistemática, Fujimori, que se postula por tercera vez a la Presidencia de Perú tras haber caído derrotada en segunda vuelta tanto en 2011 como en 2016, es la política que concita un mayor rechazo ("antivoto", en jerga política peruana) de entre todas las candidaturas.
UN PROCESO LARGO Y COMPLEJO
El caso contra Fujimori y su entorno nació con las revelaciones del caso Lava Jato en Perú y el reconocimiento por parte de Odebrecht de que aportaron dinero de forma irregular tanto a Keiko como a otros líderes políticos de Perú durante las elecciones de 2011 y 2016.
La empresa brasileña no fue la única en entregar millonarias donaciones ocultadas luego por Fuerza Popular, pues Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú, dio 3,6 millones de dólares que no quedaron registrados en ningún lugar, según confesó su presidente, Dionisio Romero, uno de los hombres más ricos de Perú.
Según la Fiscalía, el partido, bajo la dirección de Fujimori, instituyó un sistema fraudulento de contabilidad para ocultar el origen de los aportes bajo una contabilidad ficticia, donde las millonarias donaciones quedaban diluidas en múltiples aportes falsos de personas particulares.
MUCHOS INDICIOS Y VACÍOS LEGALES
La investigación se formalizó en agosto de 2018 y fue acumulando indicios hasta el punto de que el fiscal Pérez solicitó, y obtuvo, el ingreso en prisión provisional de Fujimori primero por 36 meses, plazo reducido luego a 18.
Fujimori pasó en prisión preventiva más de un año (octubre 2018-noviembre 2019), salió tras una apelación y luego volvió a regresar por otros cinco meses en 2020, esta vez para regresar a la calle a causa del Covid-19.
En caso de llegar a juicio, la Fiscalía no tendrá fácil lograr una condena contra Fujimori, pues ni financiar las campañas electorales con dinero de empresas ni tampoco ocultar esta circunstancia eran delito en el momento de los hechos.
