César Hinostroza es acusado de liderar en Perú una presunta organización criminal enquistada en el Poder Judicial.
El ex juez llegó a España en 2018, luego de huir del país por Ecuador tras destaparse el caso de corrupción.
La Fiscalía de Perú expuso ante el Poder Judicial el presunto apoyo en el Congreso que "planificó" el partido Fuerza Popular (FP), que lidera Keiko Fujimori, para el ex juez supremo César Hinostroza, quien se fugó luego del país y está actualmente a la espera de su extradición desde España.
El Ministerio Público informó este jueves que los "elementos de convicción" fueron detallados por la fiscal adjunta Paulina Roque, quien incluyó un testimonio del ex legislador fujimorista Rolando Reátegui, que refirió que el ex presidente del Congreso Daniel Salaverry le comentó sobre una reunión entre Fujimori, el fujimorista Miguel Torres e Hinostroza.
Según la posición de la Fiscalía, ese encuentro se produjo "para que la bancada de FP defienda al ex magistrado ante el Congreso".
Hinostroza, quien es acusado de liderar en Perú una presunta organización criminal enquistada en el Poder Judicial, llegó a España en 2018, luego de huir del país por Ecuador tras destaparse el caso de corrupción.
Aunque la Audiencia Nacional de España avaló en febrero pasado su extradición a Perú, el ex juez supremo ha dilatado su entrega al insistir en que el Estado peruano lo persigue "por motivos políticos" y no hay ninguna garantía de que sea sometido a un "proceso justo" en su país.
Durante la presentación de los "argumentos de convicción", la Fiscalía también le atribuyó a Fujimori la "autoría mediata" del delito de obstrucción a la Justicia, por presuntamente haber dispuesto que se induzca a testigos para que den falsos testimonios que permitan justificar los "activos ilícitos" que empresas privadas otorgaron a sus campañas de 2011 y 2016.
Roque sustentó que Fujimori, como supuesta líder de una presunta organización criminal, ordenó a los empresarios Vicente Silva Checa y Jaime Yoshiyama recurrir a un estudio jurídico de Lima para recibir asesoría para los testigos.
El fiscal anticorrupción a cargo de este caso, José Domingo Pérez, ya expuso a fines de febrero pasado ante el Poder Judicial "la actividad obstruccionista de la presunta organización criminal" liderada por Fujimori.
Pérez sostuvo que durante el allanamiento a la vivienda de Silva Checa se encontraron documentos "que revelan la estrategia" que Fujimori y su partido planeaban aplicar ante la Fiscalía para "desvincular" a la ex candidata y a la cúpula de su partido "con la captación de activos de origen ilícito".
El fiscal también consideró que el Poder Judicial debería adelantar el inicio del juicio oral por este caso para evitar que el Congreso modifique las normas legales con el aparente objetivo de favorecer a líderes políticos investigados por crimen organizado y delitos de corrupción.
Alertó que la Comisión de Justicia del Congreso ya aprobó un proyecto que modifica la Ley de colaboración eficaz, que otorga beneficios a los colaboradores de la Justicia.
El fiscal agregó que las autoridades judiciales peruanas afrontan "un caso de criminalidad organizada" y que la "etapa intermedia" de control de acusación "está demandando más del plazo razonable", ya que está a punto de cumplir un año.
La Fiscalía de Perú imputa a Fujimori y a otros personajes vinculados con FP la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la Justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo, a causa del supuesto manejo ilícito de fondos en sus campañas de 2011 y 2016.
A finales de noviembre pasado, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundados los recursos interpuestos por las defensas de Fujimori y otros implicados en este caso, que también incluye a su esposo, Mark Vito, y a varios de sus colaboradores más cercanos, así como a su propio partido político, Fuerza Popular.
En ese sentido, se mantuvo la acusación fiscal que pide 30 años de cárcel para la ex candidata, aunque la actual "etapa intermedia" del proceso puede demorar años, ya que el juez debe revisar todos los argumentos de la investigación.
