La Fiscalía de Perú abrió este viernes diligencias preliminares contra la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Walter Ortiz, por el supuesto encubrimiento de Nicanor Boluarte, al desactivar el grupo policial que apoya a los fiscales anticorrupción horas antes del arresto de su hermano.
Las diligencias contra Boluarte se iniciaron como presunta instigadora de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de encubrimiento personal y de abuso de autoridad, por los que también se investiga a Ortiz, indicó el Ministerio Público en un comunicado.
El inicio del proceso se conoció un día después de que el gobierno anunciara la desactivación del grupo policial anticorrupción, que investiga los actos de corrupción de altos funcionarios del Estado, por una presunta duplicidad de funciones con otras dependencias e irregularidades en su constitución.
Este viernes, la Policía Nacional de Perú (PNP) arrestó a Nicanor Boluarte a petición del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que lo indaga por un presunto caso de tráfico de influencias en la designación de prefectos y subprefectos (delegados del Ejecutivo en diferentes regiones), a cambio de dádivas económicas y de la captación de afiliados a su partido.
La orden de arresto también incluyó al abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, quien ha comparecido en varias ocasiones junto a ella.
Tras conocerse la desactivación del equipo policial, el Ministerio Público anunció este viernes que estaba evaluando indicios delictivos supuestamente cometidos por los altos funcionarios del Ejecutivo que ordenaron esa medida, pues "tendría relación" con la mentada orden de detención, y con otras seis personas vinculadas a un caso de tráfico de influencias.
Posteriormente, el fiscal general interino de Perú, Juan Carlos Villena, exigió la "inmediata" reposición del equipo policial.
BOLUARTE NO SE PLANTEA DIMITIR
No obstante, el vocero del despacho presidencial, Fredy Hinojosa, aseguró que "de ninguna manera existe la posibilidad de una renuncia" de la mandataria, y añadió que "lo importante es que el gobierno tiene establecidos los grandes objetivos nacionales".
El portavoz ofreció estas declaraciones mientras, casi en simultáneo, el Ministerio Público anunciaba el inicio de diligencias contra la presidenta y el ministro del Interior.
Sin conocer aún esta información, el vocero reiteró que "no se admite mínimamente la posibilidad de una renuncia" de la presidenta, y agregó que desde su posición "no le corresponde referirse a aspectos técnicos jurídicos de una defensa legal de la presidenta de la República o de cualquier otro ciudadano".
"Este gobierno garantiza la división de poderes, el imperio de la Constitución y las leyes, el ejercicio de la autonomía de las diferentes instituciones públicas", y por ende, aseveró que "desde ningún punto de vista el Gobierno pretende interferir en estas funciones", y que "no existe ningún tipo de entorpecimiento a la labor judicial ni del Ministerio Público".
Sin embargo, confirmó que la presidenta se reunió el martes en el Palacio de Gobierno de Lima con el jefe de la División de Delitos de Alta Complejidad de la Policía (Diviac), el coronel Franco Moreno, que se encarga de apoyar las investigaciones anticorrupción, aunque afirmó que se trató de "una visita pública, en una institución del Estado, en horario hábil", y pidió que se evite "cualquier suspicacia", porque no se trató "de ninguna reunión clandestina".
