El partido Fuerza Popular consideró que su líder Keiko Fujimori "es la primera presa política de Perú" y que la resolución judicial que ordenó su ingreso en prisión es una decisión "vergonzosa" sobre una mujer a la que le han "quitado el derecho a un juez imparcial".
Así lo expresó el diputado fujimorista Miguel Torres, encargado del Comité de Transición que dirige la organización tras la dimisión la semana pasada de su secretario general José Chlimper, en una rueda de prensa en el Congreso de la República en la que estuvo acompañado por la gran mayoría de los diputados del partido.
"Keiko es la primera presa política de Perú (...) El día de hoy se ha emitido una resolución vergonzosa, en donde se atropellan los derechos de una mujer, una madre, una hija y la lideresa de un partido a la que le han quitado el derecho a un juez imparcial, a un debido proceso y la presunción de inocencia", dijo Torres al referirse a los 36 meses de prisión provisional decretado por el juez Richard Concepción contra Fujimori.
Torres, siguiendo la misma línea que la propia Keiko y sus abogados defensores habían trazado durante los 10 días que se prolongó la audiencia, indicó que la presidenta de su partido había sido violentada en sus derechos fundamentales.
Y reclamó a todo Perú y a la "comunidad internacional" que se haga "justicia" por una mujer "que lo único que hizo fue sacrificar su vida por todos los peruanos".
"Tenemos esperanza que en segunda instancia se corrija esta injusticia. Pero eso sí, no nos va a temblar la voz para denunciar esta persecución política que hoy finalmente ya empieza a presentar sus primeros rostros", dijo Torres antes de acusar al fiscal de la causa, José Domingo Pérez y al propio juez Concepción de liderar esa persecución.
"Lo que han hecho hoy día no tiene nombre. Ha sido un intento por apagar la voz de Keiko, no lo lograrán (...) Keiko, no estás sola", añadió mientras sus compañeros de bancada coreaban ese lema.
El juez Concepción ordenó durante esta jornada 36 meses de prisión preventiva en el marco de la investigación que se le sigue por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña presidencial en las elecciones de 2011.