El presidente es acusado de "incapacidad moral" por relaciones supuestamente corruptas con un desconocido cantante.
El Ministerio de Justicia alega que el Congreso está haciendo "uso indebido" de sus facultades fiscalizadoras.
El procurador del Ministerio de Justicia peruano, Luis Huerta, presentó una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) del país para suspender el proceso de destitución del presidente Martín Vizcarra, iniciado la semana pasada por el Congreso por una acusación de "incapacidad moral".
Después de ingresar los documentos en el TC, Huerta explicó a la prensa que la demanda busca que "se pronuncie sobre la materia jurídica para todos los siguientes gobiernos" en el país, para que tengan la seguridad de que "en los cinco años de gestión puedan desarrollar sus actividades sin la amenaza de una vacancia (destitución) arbitraria por incapacidad moral".
El mandatario peruano es acusado por el Parlamento de haber pretendido ocultar la contratación irregular de un singular personaje, el cantante Richard "Swing" Cisneros, en coordinación con su entorno más cercano en Palacio de Gobierno, a raíz de unos audios difundidos por la comisión de Fiscalización del Congreso.
Cisneros se jactaba de su cercanía con Vizcarra en esos audios y coordinaba con sus asistentes las visitas que le hizo a Palacio, pero ahora niega todo y atribuye su caso a un complot contra la Presidencia.
El procurador dijo que la medida cautelar presentada ante el TC pretende además la suspensión del procedimiento aprobado por el Congreso, para debatir la destitución de Vizcarra el próximo viernes 18, hasta que se resuelva la medida cautelar "en el más breve plazo".
Huerta argumentó que la moción de vacancia representa "un uso indebido del Congreso a este mecanismo que está siendo utilizado como una forma de control político", cuando esa medida no tiene esa finalidad constitucional.
Este paso evitaría que Vizcarra o su representante legal tengan que presentarse en el Congreso a dar explicaciones sobre el caso.
Por otro lado, el presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, el principal impulsor del juicio político expresó que "no hay ninguna intención de querer el sillón presidencial", al ser consultado sobre el procedimiento en el Legislativo iniciado a partir de los audios que difundió él mismo pasado jueves.
"Lo único que queremos nosotros es que el país no se detenga en esta situación de emergencia, que se mantenga la gobernabilidad y esto nos va a llevar a que si viene el presidente el día viernes y explica ante el Congreso de la República, tomaremos la mejor decisión", afirmó.
Sin embargo, distintos sectores políticos en el Parlamento y analistas cuestionan ahora que el titular del Congreso, Manuel Merino, haya intentado comunicarse con las Fuerzas Armadas antes de iniciar el proceso de destitución y les haya hecho un llamado público a confiar en sus acciones.
