El depuesto expresidente es acusado de los delitos de rebelión y conspiración.
El juez supremo Juan Carlos Checkley acogió la solicitud de la Fiscalía, que argumentó que existe riesgo de "fuga": apuntó al intento de Castillo de acudir a la Embajada de México.
Castillo permanecerá preso al menos hasta el 6 de junio de 2024.
El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
"Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado Pedro Castillo (...) quien se encuentra con mandato de detención preliminar que se computa desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024", leyó Checkley tras una exposición legal que se prolongó durante más de dos horas.
De este modo, aceptó la petición realizada por la Fiscalía que había considerado que "existe periodo procesal de fuga" y en la que tuvo un peso específico que, minutos antes de su destitución, hubiera intentado acudir a la Embajada de México en Lima para pedir asilo.
En el requerimiento fiscal se ha incluido al ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres, y se presentó luego de que el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar la investigación preparatoria a Castillo.
Sin embargo, el juez no aceptó esa solicitud y, en cambio, impuso una "medida de comparecencia con restricciones".
Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
La investigación ha sido calificada de "compleja" por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.
Los medios de comunicación peruano han informado que se autorizó una investigación por el caso de "coimas", que supuestamente el empresario Salatiel Marrufo entregó al exmandatario.
Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del Congreso, la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia, lo que ha sido calificado mayoritariamente como un intento de golpe de Estado.
Ni Castillo ni ninguno de sus abogados se presentaron este jueves al inicio de la audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que ha presentado la Fiscalía de Perú.
Al inicio de la audiencia, convocada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, se informó que Castillo, quien cumple arresto preventivo, se negó a recibir la notificación del requerimiento fiscal.
En ese sentido, el juez Checkley informó que la defensa del exgobernante sería asumida por el abogado de oficio Italo Díaz, ya que ninguno de sus defensores acreditados se presentó a la audiencia.
Al respecto, el abogado Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, informó en Twitter que ni él ni su colega Raúl Noblecilla iban a participar en la audiencia de prisión preventiva.
"Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo) nos impulsaron a tomar esa decisión", indicó antes de señalar que entre ellos figura una "vacancia (destitución) ilegal y exprés".
Agregó que el Congreso también ha realizado un "levantamiento del antejuicio", al que tiene derecho el exgobernante, "ilegal y exprés" y que la audiencia también se ha programado "para seguir manteniendo detenido a Pedro Castillo Terrones".
