El ministro de Salud de Perú, César Vásquez, afirmó este sábado que el Poder Judicial y el Ministerio Público de su país tienen "un afán golpista" contra la presidenta Dina Boluarte, quien, según dijo, ha decidido alejarse de los medios de comunicación porque es víctima de un "acoso mediático".
"Claramente, hay un acoso político mediático, que desde el Poder Judicial y el Ministerio Público se ha intentado, en un afán golpista de ese sector, de querer arrinconar al Gobierno", declaró Vásquez a periodistas.
El ministro sostuvo que, por ese motivo, la presidenta "ha decidido usar todo su tiempo y su energía para el trabajo, para la gran responsabilidad que tiene de conducir los destinos del país".
"Ha preferido dejar por ahora a la prensa porque, como mujer, como provinciana, siente el acoso mediático, y creo que ha decidido cortar por lo sano y dedicarse a trabajar por el país", ratificó.
MINISTRO CALIFICA DE "MAMARRACHO" LA DENUNCIA DE FISCALÍA
El ministro calificó, además, de "mamarracho" a la denuncia constitucional que ha presentado la Fiscalía ante el Congreso contra Boluarte, por presuntamente haber cometido el delito de cohecho.
Reiteró la posición del Ejecutivo de que la mandataria sólo puede ser acusada por delitos establecidos en la Constitución, entre los que figuran traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso de forma irregular o impedir su reunión o funcionamiento, así como el de los organismos del sistema electoral.
"¿Qué están buscando con esas acusaciones, hacer más show?. Realmente, esto tiene que parar", acotó Vásquez.
BOLUARTE AFRONTA QUEJAS POR NO DECLARAR A LA PRENSA EN 50 DÍAS
Dina Boluarte también afronta quejas de los gremios de prensa de su país por no ofrecer declaraciones a los medios de comunicación desde hace más de 50 días, a pesar de lo cual aseguró el viernes que su Gobierno "respeta la libertad de expresión".
La Asociación de Periodistas del Perú (APP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) recordaron que la última vez que Boluarte se presentó ante la prensa fue el pasado 5 de abril, en una conferencia que ofreció por el 'Rolexgate', el caso por el que ha sido denunciada por la Fiscalía ante el Congreso.
La gobernante participa, desde entonces, en actividades que son transmitidas por medios oficiales y ha designado a un funcionario para que ofrezca ruedas de prensa en las que este se limita a hablar sobre la agenda que ha cumplido en los días anteriores.
Tanto la ANP como el IPYS denunciaron que reporteros de distintos medios fueron encerrados el viernes por las autoridades cuando intentaron cubrir la participación de Boluarte en un simulacro de emergencias realizado en Lima.
La ANP señaló que los reporteros fueron llevados a un salón del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y que más de 50 policías, incluidos agentes de las fuerzas especiales, fueron desplegados para dar seguridad a la mandataria y evitar que se acerquen a Boluarte.
Por ese motivo, la asociación señaló que "condena este acto, que constituye una traba a la cobertura, maltrato a periodistas y afecta derecho a la información de la ciudadanía".
Por su parte, el IPYS lanzó una alerta por redes sociales y protestó en un comunicado "contra estas medidas adoptadas por personal de Presidencia que restringen el acceso a la información e impiden el completo trabajo de la prensa".
TRAS EL HECHO, BOLUARTE SORPRENDIÓ A UN GRUPO DE REPORTEROS
Tras esta queja de los medios de prensa, Boluarte sorprendió a un pequeño grupo de reporteros que se encontraba a las afueras del Palacio de Gobierno de Lima al acercarse a "saludarlos", según dijo.
La gobernante aseguró que su gobierno "respeta la libertad de expresión" y se dirigió a los reporteros para asegurarles que el Palacio de Gobierno "es su casa".
Antes de retirarse sin aceptar preguntas, añadió que se acababa de enterar del incidente con los periodistas y remarcó que el ministro de Defensa ya estaba "tomando las acciones pertinentes".
El Ministerio de Defensa sostuvo, en ese sentido, que los reporteros fueron colocados en un salón del COEN para evitar "mantenerlos a la intemperie", aunque añadió que, ante el malestar que ha generado esa decisión, aplicará las "medidas correctivas correspondientes", sin precisar en qué consistirán.
