El máximo tribunal peruano declaró ilegal el juicio al determinar que la ocultación de donaciones electorales no constituyó delito en la fecha juzgada.
A su salida, el expresidente arremetió contra la Fiscalía acusando una ofensiva ideológica y calificando su presidio como un secuestro estatal.
El expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016), que cumplía desde abril de 2025 una condena de 15 años de cárcel por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales, salió este viernes de prisión tras anularse su caso, al ser calificado por el Tribunal Constitucional de un proceso ilegal y sin sustento.
Humala abandonó la penitenciaría de Barbadillo, la prisión construida en Perú exclusivamente para albergar a expresidentes, donde permanecen actualmente los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022), y por la que también pasó más de una década el difunto Alberto Fujimori (1990-2000).
"Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial (...) El 15 de abril de 2025 (cuando fue sentenciado) fui secuestrado por el Estado", expresó Humala a la prensa, tras salir de la cárcel en un automóvil particular.
"Nunca he recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil", remarcó.
Humala se quejó de que, a raíz de la sentencia, tuvo que asilar a su esposa (en Brasil) y sacar a sus hijos del país.
"Estoy denunciando que hemos sido perseguidos, al punto de tenerme detenido en una prisión", agregó.
Al salir de la prisión, ubicada en el este de Lima, Humala fue recibido por un grupo de simpatizantes que coreaba su nombre y estuvo acompañado por sus abogados y algunos expartidarios.
Una vez en su domicilio, el exmandatario acusó a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato de haberlo llevado a un juicio por su ideología política, a pesar de que "jamás pudieron probar (que recibió) un sólo sol de Venezuela".
Antes de ingresar a su casa en Lima, apuntó que él, su esposa, Nadine Heredia, y su círculo más cercano en el Partido Nacionalista Peruano fueron "perseguidos por nuestra ideología", que fue ubicándose hacia la centroizquierda en su gestión como mandatario.
"Estos sicarios, el brazo armado del Ministerio Público, del Equipo Especial Lava Jato, usurparon funciones del Poder Judicial", afirmó el exmandatario en referencia a los fiscales a cargo de investigar la presunta financiación irregular de sus campañas con aportes de la empresa brasileña Odebrecht o del gobierno del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez.
El exgobernante reiteró que jamás recibió aportes de campaña y que este proceso "es el buque insignia porque el resto de casos (abiertos en su contra) están relacionados (también) a las empresas brasileñas", como son las investigaciones sobre el Club de la Construcción, el Gasoducto del Sur y el proyecto de irrigación Olmos.
No obstante, el exjefe de Estado aseguró que van a enfrentar todos esos procesos en curso.
"La sentencia del TC nos demuestra que la decisión del asilo político de mi esposa y mi hijo fue lo correcto", afirmó Humala sobre el pedido que hizo a Brasil, donde vive la exprimera dama desde el año pasado con el menor de sus hijos.
En ese sentido, confió en que "la justicia reflexione y permita que mi esposa regrese" a Perú, dado que al anular el proceso también liberaría a Heredia de la imputación en su contra.
El expresidente añadió que al Partido Nacionalista, que fundó con su cónyuge, también lo han "criminalizado" y señaló que "el Estado nos debe una disculpa".
Un juez peruano ordenó este viernes la excarcelación de Humala, después de que en la víspera el Tribunal Constitucional del país anulara el proceso que llevó al exmandatario a ser condenado a quince años de cárcel por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales a la Presidencia.
El magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional atendió favorablemente la demanda de los abogados del exgobernante para que la liberación se produjera lo antes posible, según anunció a través sus canales la Corte Superior Nacional.
Humala llevaba en prisión desde abril de 2025, cuando fue condenado por lavado de dinero en un caso que ahora el Tribunal Constitucional estableció que fue ilegal, al considerar que la acusación por lavado de activos carecía de sustento y la ocultación de donaciones para la campaña electoral no estaba tipificado como delito en el momento de los hechos.
Adicionalmente, el exmandatario también estuvo recluido en prisión preventiva por el mismo caso durante diez meses entre 2017 y 2018, una medida que también fue revocada por el Tribunal Constitucional en su momento.
El caso por lavado de dinero contra Humala se basa en la financiación irregular de sus campañas electorales a la Presidencia de 2006 y 2011 al no haber declarado presuntos aportes de dinero del chavismo y de la constructora brasileña Odebrecht, respectivamente, lo que le llevó a ser condenado a 15 años de cárcel.
El Tribunal Constitucional estableció el jueves que todo el proceso carecía de validez debido a que la ocultación de donaciones para las campañas electorales no era considerado un delito en el momento de los hechos, ni tampoco la Fiscalía ha logrado establecer las consideraciones necesarias para configurar que hubo un lavado de dinero en esas operaciones.
El fallo también beneficia a la esposa de Humala, Nadine Heredia, que se encuentra asilada en Brasil y que igualmente había sido condenada en el mismo caso.
A raíz del fallo a favor de Humala, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, que también fue beneficiada en un caso similar gracias al Tribunal Constitucional, afirmó este viernes que su país vive "en un estado de derecho" y se tiene que acatar la resolución.
