Subcomisión del Congreso de Perú aprobó por nueve votos a favor y ocho en contra declarar procedente la denuncia constitucional formulada contra el presidente.
Por otro lado, la oposición está buscando un acuerdo para destituirlo.
La subcomisión parlamentaria de Acusaciones Constitucionales aprobó este lunes investigar al presidente de Perú, Pedro Castillo, por el presunto delito de traición a la patria debido a sus declaraciones de dar una salida al mar a Bolivia.
La presidenta de la subcomisión, la conservadora Rosio Torres, del partido Alianza para el Progreso (APP), dio el voto dirimente que permitió declarar procedente, por nueve votos a favor y ocho en contra, la investigación de la acusación contra el mandatario.
Inicialmente, la denuncia por presunta infracción a la Constitución fue presentada por la ex legisladora Lourdes Flores y el ex canciller Francisco Tudela, entre otros, pero durante el debate respaldaron la denuncia los parlamentarios derechistas Norma Yarrow y José Cueto.
La subcomisión tendrá a su cargo la investigación de la acusación constitucional y emitir un informe a la comisión Permanente, la que decidirá su eventual debate ante el pleno.
La acusación contra Castillo responde a las declaraciones que ofreció en enero pasado al programa Conclusiones, del periodista Fernando del Rincón, de la cadena CNN en Español, en las que confirmó que en un evento, antes de ser candidato a la Presidencia de Perú, declaró estar a favor de dar "mar para Bolivia".
Agregó: "Ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo".
"Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera", anotó sobre una eventual consulta popular para otorgar una salida al mar a Bolivia por territorio de Perú.
Perú le ofreció a Bolivia una franja de playa para su libre uso por 99 años y una zona franca en la provincia de Ilo que aún no alcanza su total desarrollo, 30 años después de su creación.
El jefe de Estado afronta una nueva crisis política, con el anuncio de nuevos pedidos de destitución en su contra, a raíz de las declaraciones de la empresaria Karelim López a la fiscalía que lo comprometen en las actividades de una presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo peruano.
Castillo ha rechazado "categóricamente" esas afirmaciones y dijo que "como presidente y como ciudadano" exige a la Fiscalía que "continúe con la investigación ya iniciada y en el plazo más breve dé las explicaciones objetivas, coherentes, con la justicia".
Tras conocerse la información, representantes de la oposición en el Congreso anunciaron que intentarán alcanzar un acuerdo para presentar una moción de vacancia (destitución) contra Castillo.
