Un fiscal de Perú solicitó una pena de cinco años y cuatro meses de cárcel para el candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez por el delito de falsa declaración administrativa y falsa información financiera de partidos políticos, al supuestamente haber desviado fondos del movimiento Juntos por el Perú, que él lidera, a cuentas personales.
La pena forma parte de la resolución acusatoria del fiscal, emitida el 15 de enero, pero cuyo contenido no trascendió hasta este martes, cuando varios medios nacionales tuvieron acceso a ella, en momentos en que el escrutinio confirma que Sánchez disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante la derechista Keiko Fujimori.
La acusación contra Sánchez, que también incluye un pedido de inhabilitación política, está prevista que se formalice en una audiencia el miércoles 27 de mayo, cuando falten poco más de dos semanas para la celebración de la segunda vuelta, convocada para el domingo 7 de junio.
En esa audiencia, el juez de turno deberá definir si por los elementos e indicios expuestos por el fiscal debe abrirse un juicio contra el actual candidato presidencial.
Los hechos que han motivado esta acusación se remontan a los informes financieros del partido Juntos por el Perú entre los años 2018 y 2021, donde se realizaron diversas procesos electorales para las regionales y municipales (2018), legislativas (2020) y presidenciales (2021).
En estos informes la organización que lidera Sánchez habría presentado declaraciones que contienen supuestamente información falsa en el primer año y presuntos aportes económicos falsos, en el segundo.
De acuerdo con la Fiscalía, tanto Sánchez como su hermano William recibieron hasta 280.000 soles (unos 74 millones de pesos) en distintos aportes y tasas cobrados a sus afiliados al partido que al parecer no fueron declarados debidamente en los documentos financieros de la formación política.
El abogado de Roberto Sánchez, Carlos García Asenjo, cuestionó que la Fiscalía no haya señalado de qué forma su defendido usó los aportes que se señala para un fin personal y eximió al candidato de responsabilidad al remarcar que no fue el encargado de elaborar las declaraciones financieras del partido.
Sánchez fue el único ministro que permaneció durante todo el Gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y ahora dio el paso de ser candidato presidencial en nombre del exmandatario, que cumple una condena de 11 años y cinco meses de prisión por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, para supuestamente evitar una eventual destitución por parte del Congreso, controlado por una feroz oposición a su figura.
Sánchez está "beneficiado" por presunción de inocencia, dice fiscal
Sánchez está actualmente "beneficiado por la presunción de inocencia", a raíz de una denuncia fiscal sobre los aportes a su partido en 2020 y 2021, afirmó este martes el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.
En una rueda de prensa, el persecutor general dijo que la investigación por presunta falsa declaración y falseamiento de información sobre los aportes al partido Juntos por el Perú "sigue su curso sin ningún inconveniente".
Por lo tanto, mientras esa investigación esté en trámite, el candidato presidencial, que figura segundo en las votaciones de la primera vuelta y podría disputar la segunda ronda con Fujimori, está "beneficiado por la presunción de inocencia".
Si concluyera el juicio y condenaran al candidato Sánchez a inhabilitación, podría "tener problemas para participar en la segunda vuelta o para juramentar" al cargo de Presidente de la República el 28 de julio, indicó Gálvez.
Sin embargo, el fiscal general agregó que si la pesquisa continúa, ésta se paralizaría, si Sánchez saliera elegido como mandatario, hasta que concluya su periodo de gobierno de cinco años.
Por otro lado, Gálvez aclaró que él no tiene competencia para dirigir las investigaciones abiertas sobre las presuntas irregularidades ocurridas el día de los comicios generales en abril pasado, que generaron demoras de varias horas en el inicio de votación en Lima y fueron el motivo para que el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga denunciara un presunto fraude dirigido contra él.
"Obviamente, el problema en la justicia electoral, en los resultados del proceso electoral, es de competencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y demás entidades vinculadas a la justicia electoral", agregó.
Sin embargo, Gálvez apuntó que la Fiscalía participa ante la presunción de un indicio que los lleve a la presunción de un delito y que tienen un fiscal dedicado en exclusividad sobre los casos denunciados en Lima.
"Cualquier decisión respecto a los resultados electorales es responsabilidad exclusiva del JNE", reiteró.
