Un grupo de manifestantes quemó este viernes una sede judicial en la provincia peruana de Huanta, en la región de Ayacucho, en el segundo día de protestas tras la liberación de los sospechosos del asesinato de un joven de 18 años en esa localidad.
Los manifestantes acudieron al local del Poder Judicial en Huanta y prendieron fuego a la antigua casona, después de haberse enfrentado a la Policía Nacional en las inmediaciones de la comisaría. Los bomberos y vecinos del lugar ayudaron a apagar el fuego, pero era evidente el destrozo del establecimiento y de documentación oficial.
El Frente de Defensa del Pueblo de Huanta convocó a un paro en esa provincia para exigir a las autoridades la detención y sanción de los jóvenes -de 17 años- que presuntamente asesinaron a un compañero de escuela el pasado fin de semana.
Sin embargo, algunos pobladores enardecidos comenzaron a lanzar piedras a los policías y éstos respondieron con gases lacrimógenos. Por este motivo, se frustró la mesa de diálogo que las autoridades pretendían instalar este viernes con los manifestantes.
Varias personas resultaron heridas en los asaltos del jueves, en los que la sede de la Fiscalía Corporativa Provincial de Huanta terminó completamente quemada debido a que los pobladores lanzaron fuego y quemaron llantas en sus puertas. Además, los manifestantes saquearon el edificio y quemaron mobiliario y documentos del edificio.
Más tarde, los manifestantes fueron a una comisaría donde también prendieron fuego al edificio.
Después de los altercados, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que informó que el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ayacucho se trasladó a la ciudad de Huanta "para adoptar las acciones inmediatas a nivel administrativo y disciplinario".
"Las protestas por investigación del asesinato de un joven de 18 años no legitiman la violencia. Supervisamos actos de investigación del personal fiscal y policial, y acompañamos al padre de la víctima, quien pidió nuestra intervención ante la Fiscalía", señaló la Defensoría del Pueblo.
