Yehude Simon se reunió con los líderes de las comunidades indígenas.
Se comprometió a pedir al Congreso la derogación de dos de los polémicos decretos.
El primer ministro de Perú, Yehude Simon, pidió "un millón de veces perdón" por los violentos sucesos que el pasado 5 de junio causaron la muerte de, al menos, 34 personas y anunció la creación de una comisión investigadora.
"Yo pido un millón de veces perdón. Al margen de si uno es responsable o no, pero como premier tengo que pedir perdón", afirmó Simon a su llegada a Lima tras mantener una reunión con los líderes de las comunidades indígenas que protestan en la región de Junín (centro) contra una serie de decretos legislativos.
"Este gabinete no tiene manchadas las manos de sangre y habrá una comisión que hará una investigación seria que buscará responsables de todas las muertes", afirmó Simon.
Lo que no aclaró es si esta comisión es la misma que aprobó conformar el Congreso y que, formada por cinco miembros, tendrá 120 días para intentar aclarar cómo se desarrollaron los enfrentamientos en Bagua (Amazonía peruana) y sobre quiénes debe recaer la responsabilidad de las muertes.
El pasado 5 de junio, la Policía inició una operación para desbloquear la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la selva norte del país, cuyo bloqueo por parte de los indígenas había provocado el desabastecimiento de las principales ciudades de la región.
Aunque todavía no está claro cómo se desarrolló el operativo, lo cierto es que degeneró en duros enfrentamientos en los que hubo fallecidos y un gran número de heridos.
Derogar las leyes de la selva
Simon firmó un acta de entendimiento con los representantes de 390 comunidades indígenas en la que se compromete a proponer al Congreso, a través de un proyecto de ley, la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064, conocidos como las leyes de la selva.
Estos dos decretos fueron suspendidos indefinidamente la semana pasada por el Congreso, mientras se estudian las modificaciones a la nueva legislación, y para evitar un vacío legal se repuso la anterior ley forestal.
Según el Gobierno, el primero de ellos busca regular y supervisar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, mientras que el segundo promueve la inversión privada en el sector agrario.
Otro de los controvertidos decretos, el 1064 establece, además, que las tierras de uso agrario quedan sujetas a la servidumbre del paso de oleoductos, gasoductos e instalaciones para la exploración y explotación minera y petrolera.
