Tribunal Militar elevó condena de oficial peruano acusado de espiar para Chile
Víctor Ariza ahora pasará 35 años en prisión por traición a la patria.
Además, debe pagar una indemnización de un millón de soles al Estado.
Víctor Ariza ahora pasará 35 años en prisión por traición a la patria.
Además, debe pagar una indemnización de un millón de soles al Estado.
La Sala Revisora del Tribunal Supremo Militar Policial incrementó la condena al suboficial peruano Víctor Ariza acusado de vender información clasificada a Chile, a 35 años de prisión, al resolver la apelación que presentó el acusado a inicios de este mes.
El presidente del Tribunal Supremo Militar Policial, contralmirante en retiro Carlos Mesa, informó a la agencia Andina que el fallo incluye una reparación al Estado peruano por un millón de soles (más de 350.000 dólares, unos 160 millones de pesos).
El suboficial de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) había sido condenado a 25 años de cárcel, el pasado 6, por la sala penal judicial de la FAP por el delito de traición a la patria en tiempo de paz, por lo que además le impuso una reparación monetaria al Estado de 700.000 soles (247.734 dólares).
Sin embargo, su defensa apeló la condena, al igual que la fiscalía militar policial, que había pedido 35 años de prisión para Ariza y la reparación de un millón de soles, y por la procuraduría de la FAP.
"Secretos de Estado" a ChileAriza cumplirá la condena en la base aérea de Punta Lobos, en el distrito limeño de Pucusana, donde se celebró el juicio a puerta cerrada. El tribunal absolvió el pasado 6 a los otros oficiales y suboficiales de la FAP que fueron implicados en el proceso.
Víctor Ariza fue detenido el 30 de octubre del 2009 en Lima, acusado de haber entregado a Chile secretos de Estado que implicaban las adquisiciones militares peruanas programadas hasta 2021 y los planes de entrenamiento y capacidad operativa de la Fuerza Aérea.
Cuando se conoció el caso, las autoridades peruanas solicitaron a Chile una investigación sobre el tema, ya que se denunció la supuesta implicación de dos miembros de la Fuerza Aérea Chilena, pero el Ministerio Público decidió en marzo pasado no abrir ninguna investigación judicial.