En el llamado "Vacunagate" se inmunizó en secreto a, al menos, 100 personas que no estaban vinculadas al ensayo clínico de Sinopharm.
Vizcarra es acusado de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, colusión, cohecho pasivo impropio y falsa declaración.
El pleno del Congreso de Perú aprobó este jueves el informe de una comisión que recomendó que se acuse por delitos de corrupción al ex presidente Martín Vizcarra (2018-2020) por el caso "Vacunagate", como se denomina a la vacunación irregular de funcionarios, sus familiares e invitados contra el covid-19.
El informe legislativo, que recibió 84 votos a favor, planteó acusar por el mismo motivo a las ex ministras del actual régimen Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.
La comisión investigadora concluyó que existió una "estrategia de favorecimiento" por parte del Ministerio de Salud y funcionarios de la Cancillería hacia el laboratorio chino Sinopharm, que el año pasado hizo ensayos de su vacuna contra el covid-19 en Perú y luego vendió un millón de dosis al país.
El informe recomendó denunciar a Vizcarra por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, colusión, cohecho pasivo impropio y falsa declaración en un procedimiento administrativo.
Además, le imputó una serie de infracciones a varios artículos de la Constitución peruana.
Por su parte, Mazzetti y Astete fueron acusadas de la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, así como de incumplir varios artículos de la Constitución.
También se propuso que se incluya al ex ministro de Relaciones Exteriores Mario López, quien ejerció el cargo durante los últimos meses del Gobierno de Vizcarra (2018-220), por la presunta comisión del delito de colusión.
Dada la inmunidad con que aún cuentan Vizcarra y los ex ministros, el informe pidió que sean denunciados ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y que se envíen sus conclusiones a la Fiscalía.
Horas antes de la aprobación de este informe, la Comisión Permanente del Congreso también aprobó una acusación constitucional contra Vizcarra que plantea inhabilitarlo para ejercer cualquier cargo público durante diez años por haberse vacunado en secreto.
La acusación, que ahora deberá ser vista por el pleno del Congreso, también recomendó inhabilitar por ocho años a la ex ministra Mazzetti y por un año a la ex canciller Astete.
En el llamado "Vacunagate" se inmunizó en secreto a, al menos, 100 personas que no estaban vinculadas al ensayo clínico de Sinopharm en el país, a cargo de la Universidad Cayetano Heredia.
