La ministra británica de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, presentó su renuncia, descontenta con la expulsión de compañeros de fila dispuesta por el Gobierno de Boris Johnson a raíz de la crisis del "brexit".
"No puedo quedarme a un lado mientras conservadores buenos, leales y moderados son expulsados", tuiteó Rudd, al referirse a los 21 diputados "tories" retirados del grupo parlamentario por haber apoyado el veto a una salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) sin acuerdo el próximo 31 de octubre.
El Gobierno de Johnson está sumido en una profunda crisis desde que decidió el pasado agosto suspender las sesiones parlamentarias a partir de mediados de la próxima semana, lo que ha enfurecido a una parte de los conservadores y a los partidos de la oposición.
Rudd, que es proeuropea, dijo que ha hablado con Johnson para explicarle sus razones y que sigue "comprometida" con los valores conservadores de su formación que le llevaron a entrar en política.
En su carta de dimisión remitida al "premier" y hecha pública, la ahora ex ministra admitió que no creía que "el principal objetivo" del Gobierno sea salir del bloque europeo con un acuerdo.
"El Gobierno está dedicando mucha energía en preparar (una salida) sin acuerdo, pero no he visto el mismo nivel de intensidad en nuestras conversaciones con la UE, que nos ha pedido que presentemos arreglos alternativos a la salvaguarda irlandesa", añadió la ahora ex titular de Trabajo.
Esa garantía está pensada para evitar una frontera fija entre las dos Irlandas -para no perjudicar el proceso de paz en la provincia de Irlanda del Norte- hasta que Londres y Bruselas lleguen a un acuerdo sobre la futura relación comercial.
"Esta matanza miope de mis colegas ha despojado al partido de diputados conservadores tolerantes y dedicados. No puedo apoyar este acto de vandalismo político", insistió.
La oposición y 21 diputados "tories" se hicieron esta semana con el control de la agenda parlamentaria, reservada al Ejecutivo, y consiguieron tramitar una ley que veta un "divorcio" duro de la UE.
Esa pieza legislativa establece que el primer ministro tiene hasta el 19 de octubre para aprobar en el Parlamento un eventual acuerdo con la UE, de lo contrario deberá pedir a la UE un retraso del brexit de tres meses -hasta el 31 de enero de 2020-.
