David Cameron justificó la normativa para combatir el terrorismo y el delito organizado.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles cuestionaron la iniciativa.
El primer ministro británico justificó la normativa.
El Gobierno británico anunció una legislación de emergencia para seguir vigilando internet y las llamadas telefónicas, que alarmó a los defensores de los derechos civiles al considerarla una amenaza a la privacidad.
El primer ministro británico, David Cameron, dijo que este proyecto de ley será presentado la próxima semana en el Parlamento para que sea aprobado por la vía rápida y justificó su aplicación en la necesidad de combatir el terrorismo y el delito organizado.
Con esta decisión, dada a conocer por Cameron y el viceprimer ministro, Nick Clegg, en la residencia de Downing Street, el Gobierno quiere que los servicios de seguridad sigan accediendo a los datos electrónicos y las comunicaciones y que las empresas de telecomunicaciones conserven la información de sus usuarios.
El Gobierno responde de esta manera a un dictamen del pasado abril del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) que consideró ilegal una directriz comunitaria que obligaba a almacenar la información durante un periodo de 12 meses.
Ante la posibilidad de que las empresas de internet y de telecomunicaciones empiecen a borrar la información de sus usuarios, por temor a problemas legales, el Reino Unido ha optado por blindar los poderes de las fuerzas de seguridad para que éstas puedan seguir pidiendo a las empresas los datos que necesitan.
Rechazo de organizaciones ciudadanas
Sin embargo, las organizaciones defensoras de los derechos civiles levantaron la voz de alarma, sobre todo tras la polémica generada el año pasado cuando el exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EEUU Edward Snowden reveló el alcance del espionaje masivo de EEUU y el Reino Unido.
La directora del grupo "Liberty", Shami Chakrabarti, dijo hoy que se trata de una legislación destinada a "espiar a todos" y no sólo a los sospechosos de actividades terroristas.
También el "Open Rights Group" criticó al Gobierno al acusarle de utilizar la amenaza terrorista para sacar adelante una "ley de emergencia" que "infringe nuestro derecho a la privacidad".
El Gobierno dejó claro que el acceso a la información estará restringida a las fuerzas de seguridad y que la ley sólo será efectiva hasta 2016, una año después de los comicios generales.
La ley, conocida como Poderes de Investigación y Retención de Datos, no tendrá potestad para acceder al contenido de los correos o las llamadas, sino los detalles de las personas que han estado en contacto, la fecha y la hora en que se comunicaron.
El Gobierno ha justificado la aplicación de esta legislación para combatir la amenaza terrorista, en momentos de inquietud por el alto número de británicos musulmanes radicalizados que han viajado a Siria para sumarse al conflicto civil.
"A menos que actuemos ahora, las compañías ya no van a retener datos sobre quién contactó a quien, dónde y cuándo. Y ya no podremos utilizar la información para llevar ante la Justicia a los criminales y mantener seguro el país", dijo Cameron.
