Una investigación instó este jueves al Gobierno británico que compense económicamente a más de 2.000 personas que sufrieron abusos sexuales en sus países de destino al emigrar del Reino Unido tras la II Guerra Mundial, cuando eran niños.
La Investigación Independiente de los Abusos Sexuales en Niños (IICSA) (ver archivo adjunto) señala que Reino Unido debería ofrecer una compensación a las víctimas por una "política defectuosa" y la suma total a percibir debe ser "igual para cada persona afectada", aunque el documento no estipula una cifra concreta.
En los 25 años posteriores al fin de la contienda mundial, miles de niños, de hasta cinco años, fueron enviados al extranjero a instituciones o familias situadas en países dentro de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth) como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Rodesia del Sur (actual Zimbabue).
Muchos de ellos soportaron situaciones que incluyeron abuso físico y emocional, negligencias y en muchos casos abuso sexual, además de períodos de hambruna y una inadecuada educación, según detalles de la investigación, establecida en 2014 por la primera ministra británica, Theresa May, cuando era titular de Interior.
"La mayoría de estos niños que emigraron han fallecido. Esto significa que en muchos casos el Gobierno ha perdido la oportunidad de ofrecer una compensación a aquellos afectados por su error", indica investigación.
"De todas maneras, alrededor de 2.000 (de aquellos) niños siguen vivos hoy, por lo que es esencial que todos los supervivientes reciban una compensación", agrega.
Víctima describe su experiencia
Una de las víctimas describió su experiencia durante el período migratorio como "una tortura más que un abuso" y explicó que fue encerrado en un lugar conocido como "la mazmorra", sin agua y comida durante días.
"En una ocasión obligaron a un grupo de 15 chicos a ver cómo mataban a un caballo que los niños tenían como mascota, como forma de castigo", indica el informe, compuesto por 160 páginas.
Los Gobiernos británico y australiano ya se habían disculpado por estos abusos en 2009 y 2010.
La investigación insta al Gobierno de Reino Unido a establecer un esquema compensatorio "sin demora" en el que esperan que los pagos empiecen a realizarse en los próximos 12 meses
