Amber Rudd presuntamente estableció cuotas anuales de deportación de inmigrantes ilegales.
El escándalo se desencadenó luego de la información revelada por el diario británico The Guardian.
La ministra de Interior británica, Amber Rudd, presentó este domingo su renuncia tras varios días de polémica en el Reino Unido sobre el establecimiento de cuotas anuales de deportación de inmigrantes ilegales.
La primera ministra, la conservadora Theresa May, "ha aceptado esta noche su dimisión", según informó un portavoz de Downing Street, despacho oficial de la jefa de gobierno.
Una carta enviada por Rudd a May en enero de 2017, revelada esta tarde por el diario The Guardian, indica que la hasta ahora ministra se marcó como objetivo "incrementar la cantidad de expulsiones forzosas en más de un 10 por ciento durante los próximos años".
Los antecedentes
El pasado miércoles, ante la comisión de Interior de la Cámara de los Comunes, Rudd aseguró que su ministerio no tiene cuotas marcadas para la deportación de inmigrantes, una posición que matizó al día siguiente en la Cámara baja.
Entonces admitió que se han establecido objetivos cuantitativos de uso "interno", pero aseguró que ella no aprobó esas medidas y que "nunca apoyaría una política que anteponga las cuotas a las personas".
Tras conocerse la renuncia, el "número dos" laborista, Tom Watson, sostuvo que Rudd "está pagando el pato por la persona originalmente responsable de este escándalo, Theresa May".
"Generación Windrush"
El gobierno conservador llevaba ya varios días envuelto en el escándalo sobre la llamada "generación Windrush", que perjudica a miles de personas que llegaron al Reino Unido entre 1948 y 1973 procedentes de países caribeños, que en los últimos años han visto como pasaba a ser inmigrantes ilegales a pesar de haber residido en el país durante décadas.
Un endurecimiento de la ley que promulgó May cuando estaba el frente de Interior hizo que esas personas debieran probar con documentos originales todos los años que han vivido en el Reino Unido, un trámite burocrático que algunos de ellos no pudieron cumplir.
A raíz de esa situación, algunos de ellos han perdido sus trabajos, han visto denegado el acceso a la sanidad, han recibido amenazas de deportación o no han podido regresar al Reino Unido tras visitar su país de origen.
