La nueva legislación califica como "agentes extranjeros" a organizaciones que reciban apoyo desde el exterior del país.
La ONU pidió a Rusia que dé marcha atrás con la ley que se aprobó recientemente en este país, que aumenta aún más la represión contra los individuos particulares, aunque inicialmente sólo afectaba a organizaciones que tenían algún tipo de actividad política y recibían fondo del exterior.
A esas entidades la ley las calificaba de "agentes extranjeros", pero ahora esta denominación también alcanza a las personas que pueden estar bajo "la influencia" o "presión" del exterior, una acusación imprecisa y que puede ser sujeta a múltiples interpretaciones.
No obstante, sus consecuencias son muy claras e implican, por ejemplo, que esas personas no podrán enseñar en establecimientos del Estado ni crear ningún tipo de información, entre otras graves limitaciones.
"Pedimos que Rusia reconsidere la expansión de la denominación de agente exterior que incluye a individuos considerados estar bajo influencia del extranjero, y que criminaliza contactos no declarados con representantes de otros estados u organizaciones internacionales", dijo la alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos humanos, Nada al-Nashif.
La ONU se encuentra en una campaña para atajar una tendencia muy alarmante que se está observando de castigo, por parte de Estados totalitarios de sus ciudadanos, en caso de que colaboren con investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos, sean estas realizadas por organizaciones civiles o por comisiones o expertos de Naciones Unidas.
En la presentación de un informe mundial sobre derechos humanos, Al Nashif denunció que prosigue en Rusia la intimidación y sanciones contra los que se atreven a criticar la agresión contra Ucrania, en clara violación de la Constitución rusa.
En la sesión inaugural de la 51 sesión del Consejo de Derechos Humanos, Al Nashif sostuvo que también continúa la censura de todas las fuentes informativas independientes en Rusia -desde medias establecidos hasta blogueros-, violando el derecho a la información de los ciudadanos.
