Rusia anunció que impondrá a Ucrania a partir del 1 de enero aranceles, para proteger su mercado del Acuerdo de Asociación entre ese país y la Unión Europea (UE), y un embargo alimentario en represalia por sumarse a las sanciones económicas occidentales.
"Ucrania ha dicho que desde primeros de año comenzará a aplicar la parte económica del Acuerdo de Asociación con la UE. En esas condiciones debemos proteger nuestro mercado y a nuestros productores", dijo el primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, a medios locales.
De esta forma, Rusia anulará las preferencias comerciales de las que disfrutaba Ucrania, que se beneficiaba hasta ahora de la tarifa aduanera única existente en el marco de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI).
Medvédev, quien dijo que el objetivo es impedir la entrada en Rusia de productos baratos de otros países con etiquetado ucraniano, aseguró que las últimas rondas de consultas con Ucrania y la UE no habían logrado limar las diferencias.
"No han dado resultado. Ni Ucrania ni la UE están dispuestos a firmar acuerdos jurídicos vinculantes que tengan en cuenta los intereses de Rusia", señaló.
Por otra parte, Medvédev firmó una disposición legal sobre "medidas económicas de respuesta" por la decisión de Kiev de sumarse a las sanciones impuestas por Occidente por la anexión rusa de Crimea y su injerencia en el vecino país.
"En agosto ya adoptamos dichas medidas contra Islandia, Noruega, Liechtenstein, Montenegro y Albania. Supone la prohibición de la importación de productos agrícolas y alimentos", precisó.
La pasada semana el presidente ruso, Vladímir Putin, ya ordenó la suspensión a partir de 1 de enero del acuerdo de libre comercio con el país vecino "debido a las exclusivas circunstancias que afectan a los intereses y a la seguridad económica de Rusia".
Ese decreto presidencial fue promulgado pocas horas después de que Ucrania anunciara que impondrá un bloqueo comercial a Crimea, península anexionada por Rusia en marzo de 2014.
A su vez, Medvédev encargó al gobierno que prepare la documentación necesaria para denunciar en los tribunales internacionales a Ucrania por el impago de la deuda de más de 3.000 millones de dólares por un crédito concedido en 2013.