El caso de una niña uruguaya de 11 años con una "patología psiquiátrica" y embarazada de tres meses fruto de una violación desató este jueves una polémica en el país respecto de quién tiene la potestad para decidir el futuro del nonato: si la menor, que desea tenerlo, o la madre, que pide el aborto.
"Es una problemática muy compleja, porque estamos ante una situación de capacidad limitada de quién decide (por ser menor de edad)", declaró a los medios de comunicación el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Jorge Chediak.
"Como siempre en este tipo de situaciones, en las que hay intereses contrapuestos y distintos valores a resolver, lo tiene que hacer el Poder Judicial con el asesoramiento técnico indispensable", añadió Chediak.
La ley de interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay plantea que para abortar las mujeres mayores de edad deben tener máximo 12 semanas de gestación.
"El problema en este caso es que no existe capacidad ni para consentir una relación sexual ni para terminar con el embarazo (...) por falta de edad". Al haber llegado a "una situación de voluntades disidentes" entre la menor y su madre, el caso se resolverá por "decisión judicial", señaló el presidente de Suprema Corte, que no quiso aportar más detalles concretos sobre el caso para no incurrir en "algún tipo de prejuicio" que pudiera llevar a una futura impugnación.
No hay causas médicas para el aborto
El caso fue publicado por el rotativo local La Diaria, que indicó que el violador y la víctima vivían juntos desde hacía un año.
El agresor, de 41 años, fue encarcelado el pasado 27 de abril, según un dictamen judicial que lo señaló como "autor de un delito continuado de violación".
Existen "elementos de convicción suficientes para sostener que el indagado" tuvo relaciones sexuales con la menor y que ella, que tiene una "patología psiquiátrica", quedó embarazada de él, señala el fallo.
Chediak expresó que aunque hubiera habido consentimiento por parte de la víctima, por ley éste "no es válido", pues se debe ser mayor de 15 años para aprobar una relación sexual, y que lo contrario constituye una "violación de pleno derecho".
Según lo publicado en la prensa local, la niña permanece ingresada desde el pasado 29 de marzo en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, en Montevideo, cuyo equipo médico evaluó que aunque la situación es de riesgo "no existen motivos de orden ginecobstétricos" que justifiquen el aborto.
Desde el mismo centro se indicó que la menor "no tiene capacidad para entender las consecuencias del embarazo, la maternidad y la relación con el hombre, que triplica su edad", diagnóstico que coincide con la evaluación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y de la ONG El Farol, que trabaja con la familia.
"Caso impactante"
Marisa Lindner, presidenta del INAU, dijo a medios locales que la niña será trasladada a un hogar de la institución y que el aborto dependerá de una resolución médica que considerará con la opinión de la menor y su madre.
"La niña empezará a vivir en un hogar del INAU y será atendida por equipos técnicos en los cuales los psiquiatras son un actor, pero no únicamente, porque lógicamente en estas problemáticas se da pauta a la intervención de los médicos y junto a ellos intervenciones mucho mas amplias de otros profesionales", explicó.
"Los niños (...) tienen derecho a ser considerados sujetos de derecho y tienen voz para aportar a la toma de decisiones, pero son los adultos los responsables de la toma de decisiones", manifestó Lindner, quien señaló que "por supuesto" la niña ha sido consultada, aunque insistió en no develar cuestiones de la intimidad de ella y la familia, que prefirió "preservar".
Será, pues, el INAU, encargado de las políticas estatales destinadas a promover, proteger o restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes, el que se haga cargo desde ahora de la menor y del bebé, en el caso de que prospere el embarazo.
Esto dependerá de que los médicos adopten una resolución en consulta con la niña y con la madre, según indicó una decisión judicial adoptada hoy. La presidenta del INAU afirmó que este organismo tiene la responsabilidad de dar cumplimiento a la resolución que determina que los equipos médicos de atención a la niña en consulta con la madre y la menor sean quienes adopten "las resoluciones pertinentes".
"Éste es un caso muy impactante, pero todos los uruguayos y uruguayas sabemos que no es el primer caso que se da en nuestra sociedad. Estos temas son de larguísima data", destacó la responsable del INAU, quien reivindicó la necesidad de revisar las diferentes políticas al respecto.
En su opinión, Uruguay tiene un "altísimo número de niños institucionalizados y lo que se viene trabajando desde hace bastante tiempo es con todas las garantías necesarias los niños puedan tener derecho a vivir en familia".