El órgano criticó la votación efectuada ayer en la Cámara de Diputados charrúa.
La despenalización podría tener "graves consecuencias para la salud y el bienestar de la población", dijo.
La ONU alegó que el Gobierno de José Mujica se negó a escuchar su opinión antes de presentar el proyecto de legalización al Congreso.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, órgano de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas, se manifestó "preocupada" por la aprobación en la Cámara de Diputados de Uruguay de una ley que despenaliza la producción y distribución de marihuana.
De aprobarse definitivamente dicha ley -que aún debe recibir el visto bueno del Senado-, estaría en "completa contravención" con las disposiciones de los tratados internacionales sobre drogas, de los que Uruguay es parte, advirtió la JIFE.
La JIFE aseguró que siempre ha tenido como objetivo mantener un diálogo con las autoridades uruguayas sobre esta materia, y lamentó que el Gobierno de Uruguay se negara a recibir a una misión de este organismo antes de presentar el proyecto de ley ante la Cámara para su debate.
La Junta, formada por trece expertos, instó a las autoridades uruguayas a que aseguren que el país sigue cumpliendo de forma completa el derecho internacional, y a limitar el uso de estupefacientes, incluido el cannabis, exclusivamente para fines médicos y científicos.
Según los expertos, de aprobarse esta ley podría tener "graves consecuencias para la salud y el bienestar de la población, y para la prevención del uso indebido de cannabis entre los jóvenes", por lo que pidieron a las autoridades que consideren "todas las consecuencias posibles antes de tomar una decisión".
El Gobierno uruguayo aduce que la legalización de la marihuana es una forma más eficiente de lucha contra el narcotráfico que las actuales políticas represivas, ya que ataca a sus fuentes de financiamiento.
En su último informe anual, publicado en febrero, la JIFE ya indicó que regular el mercado del cannabis, como propone Uruguay, infringiría los tratados internacionales, que sólo prevén el uso del cannabis para fines médicos y científicos.
En ese documento, la JIFE advirtió de que sigue con preocupación "los llamados hechos en altas instancias en favor de la legalización de drogas ilícitas, basado en la presunción de que la despenalización del tráfico reduciría la violencia conexa".
