La iniciativa de José Mujica ha generado polémica a nivel nacional e internacional.
Legislador pidió penas más duras para los narcotraficantes.
Los partidos de la oposición uruguaya se sienten "lejos" de legalizar la venta de marihuana a pesar de la campaña impulsada en tal sentido por el presiente José Mujica, que ha generado polémica a nivel nacional e internacional, y a los avances de un proyecto de ley que actualmente analiza el Parlamento.
"Hasta hace un tiempo tenía mis reparos, ahora soy pesimista en que se llegue a la legalización", afirmó el diputado Daniel Radío, del Partido Independiente, durante una jornada de debate sobre "Legalización de la Marihuana ¿hacia dónde va Uruguay?" organizada por estudiantes de Ciencias Políticas.
En el mismo sentido se expresó el también legislador del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, ex presidente de la Cámara de Diputados, para quien la actitud del Gobierno "supuso un retroceso" porque "tiró por la borda algunos acuerdos que ya se habían alcanzado" entre los partidos políticos.
Lacalle, que durante el encuentro reconoció haber consumido marihuana en su juventud, destacó la necesidad de "penas más duras" para los narcotraficantes en general, algo que no encaja en el proyecto oficial más inclinado a atender la lucha contra el tráfico de drogas mediante la supervisión del consumo y la educación.
Hoy un narcotraficante que ingrese 500 kilos de drogas a Uruguay "con buena conducta apenas cumple dos años de prisión", destacó el también diputado opositor.
Ambos legisladores señalaron que el proyecto que legaliza la venta y comercialización de la marihuana ni siquiera tiene el apoyo unánime entre los parlamentarios de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio.
El diputado oficialista Sebastián Sabini, perteneciente al sector del presidente Mujica y uno de los redactores del proyecto de ley, admitió que el sistema actual que se aplica en Uruguay para la lucha contra el narcotráfico "fracasó" porque tanto el tráfico como el consumo de drogas "está en aumento".
La iniciativa
El proyecto autoriza al Estado a asumir "el control y la regulación de actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis o sus derivados".
La iniciativa crea el Instituto Nacional del Cannabis (INCA), que entre otras funciones será el encargado de autorizar los cultivos y los locales de venta.
Además, se habilita el "autocultivo" de hasta seis plantas de marihuana, con una cosecha máxima de 480 gramos anuales, para uso doméstico "destinado al consumo personal o compartido dentro del hogar".
