Unos 5.000 abortos se han realizado en Uruguay en el primer año de despenalización, pero aun existen "dificultades" para la interrupción del embarazo, de acuerdo a estimaciones oficiales y estudios de la organización Mujer y Salud de Uruguay (MYSU).
A un año desde la entrada en ejercicio de la nueva ley que, aunque no legaliza técnicamente el aborto, lo despenaliza siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.
Pese a que el gobierno anunció que recién en los primeros meses de 2014 se podrá tener una cifra oficial sobre el número de abortos realizados en instituciones médicas en el primer año de aplicación de la ley, el viceministro de Salud Pública, Lionel Briozzo, estimó que se ha mantenido la tendencia del primer semestre con la nueva legislación.
El pasado mes de julio, Briozzo informó que se registraron 2.550 abortos en los primeros seis meses desde la despenalización con una media de 456 mensuales y que no se reportó en ese tiempo ninguna muerte materna por interrupciones del embarazo practicadas en situaciones de riesgo.
Esto supone unos 10 abortos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, lo que contrasta con los más de 40 por cada 1.000 que se estima se produjeron en el país entre los años 1995 y 2002, cuando el aborto era ilegal y no existían políticas educativas sobre sexualidad.
La directora de MYSU, Lilián Abracinskas, destacó que los abortos en Uruguay eran unos 16.000 anuales en 1978 y hubo una explosión hasta los 33.000 en 2003 en plena crisis económica.
Si las autoridades estiman que en la actualidad son unos 5.000 los abortos anuales en el país "hay un desfasaje importante con las cifras históricas y habrá que estudiar los motivos", señaló.
La organización advirtió también sobre un número importante de abortos que por diferentes razones se siguen realizando en el circuito clandestino, pese a que con la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se materializaron progresos en la defensa de los derechos de la mujer pero al mismo tiempo se mantienen dificultades para poder concretar los abortos, agregó Lilián Abracinskas.
Con la nueva legislación todas las mujeres uruguayas y las extranjeras que acrediten un año de residencia en el país pueden solicitar que se les practique un aborto en cualquier centro público o privado, los cuales están obligados a realizar la intervención o a garantizar que se haga por terceros en casos de objeción de conciencia. La solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo se hace hasta las 12 semanas de gestación, período que se amplía a 14 semanas en caso de violación y sin restricciones para el caso de malformaciones del feto o riesgo de vida para la madre.
