El fallo desestimó por unanimidad y uno por uno los argumentos presentados por el régimen de Maduro para impedir la reanudación de la investigación.
La Corte Penal Internacional (CPI) desestimó los argumentos de Caracas contra la reanudación de la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y autorizó al fiscal, Karim Khan, a seguir las pesquisas como parte del caso abierto en noviembre de 2021.
La Sala de Apelaciones de la CPI decidió rechazar los motivos de recurso presentados por el Gobierno de Nicolás Maduro, quien aseguró en noviembre pasado que "nunca han ocurrido" crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino "un puñado de incidentes" que Caracas ya investiga en tribunales nacionales y no necesita que lo haga la justicia internacional.
La Sala de Cuestiones Preliminares autorizó en junio del año pasado al fiscal a reanudar su investigación, al considerar que los "procesos penales internos" de Caracas "no reflejan suficientemente el alcance" del caso y hay "periodos de inactividad inexplicables".
"La Sala de Apelaciones desestima la apelación y confirma la decisión impugnada", leyó ayer el magistrado Marc Perrin de Brichambaut, tras desestimar por unanimidad y uno por uno los seis argumentos presentados por Caracas contra la decisión de autorizar la reanudación de la investigación.
En noviembre de 2021, la fiscalía anunció la apertura de una investigación formal tras finalizar un examen preliminar iniciado en base a una remisión de 2018 por Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, que denunciaron crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
Sin embargo, en abril del 2022, Caracas pidió diferir las investigaciones de la CPI a favor de las autoridades venezolanas, quienes continuarían buscando pesquisas.
Unos siete meses después, Khan pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares que le autorice a reanudar esa investigación al considerar que Caracas no está haciendo lo suficiente en el caso, un permiso que recibió en junio pasado.
En noviembre pasado, la CPI celebró audiencias en las que el ministro venezolano de Exteriores, Yvan Gil, aseguró que la justicia nacional ya lleva a cabo sus procesos y señaló que "más de 255 agentes del Estado fueron imputados, 64 acusados y 62 condenados", por lo que calificó de "casos de violaciones de derechos humanos que son interés" de la CPI.
"En Venezuela se han llevado todas y cada una de las investigaciones de manera independiente y respondiendo a las evidencias obtenidas en cada uno de los casos. Lo que no puede nunca pretenderse es que Venezuela construya artificialmente acusaciones infundadas contra objetivos determinados, simplemente para satisfacer las pretensiones de determinados actores internos y externos", agregó Gil.
Además, lamentó que la CPI "no respeta el principio de complementariedad", que debe evitar que se solapen investigaciones.
El fiscal contestó a estos argumentos que su investigación está en "fase preliminar" y es "poco razonable que pueda identificar" sospechosos o "establecer el alcance real" del caso rechazando la posición de Caracas, que negó la validez legal y sustancial de la petición de retomar la investigación.
Karim Khan podrá ahora seguir buscando pruebas de los presuntos crímenes de lesa humanidad.
