El abogado chileno Francisco Cox, intengrante de la Misión Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de investigación sobre Venezuela, explicó algunos de los alcances del reciente informe que concluyó que el presidente Nicolás Maduro y otras altas autoridades están involucradas en graves crímenes contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad del país.
Uno de ellos es que "decimos que hay una política de limpieza social, persecución al delito que incluye ejecuciones extrajudiciales; el sustento de eso son declaraciones con miembros de fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana, y que dan cuenta de que tenían luz verde para matar", expuso el jurista en El Diario de Cooperativa.
Se trata de "verdaderos operativos que se hacían en zonas de barrios más populares, donde se iniciaba supuestamente con el intento de detener a algún líder de alguna organización criminal que efectivamente existía, pero que rápidamente se pasaba a tener que traer muertos, y efectivamente se hacían ejecuciones extrajudiciales", complementó.
Entre los organismos militares y policiales, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) "son problemáticas porque son quienes ejecuten la política criminal, y las cifras de muertes por 'resistencia a la autoridad', que es como las oficializa el Estado venezolano, son sumamente altas para cualquier estándar de país", agregó.
Por ello el informe recomienda que las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas; e insta a la comunidad internacional a que "no se les venda armamento antidisturbios, armamento de defensa (a Venezuela), hasta que no haya un cambio en la política de derechos humanos", añadió Cox.
La Misión, presidida Marta Valiñas (presidenta), e integrada por Paul Seils y Francisco Cox, fue mandatada el 27 de septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014. Ante esta instancia presentará el informe este miércoles.
"El primer llamado a implementar las recomendaciones es al Gobierno de Venezuela, y también hacemos un laamdo al Poder Judicial y a la Fiscalía para que investiguen estos hechos, porque nosotros hemos aclarado que nuestro estándar de prueba, para llegar a conclusiones, es de motivos razonables, que es un estándar más bajo que el de un juicio penal. No estamos condenado a nadie, porque no ha existido un juicio", expuso Cox.
De hecho, una de las conclusiones del informe apunta que "la Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados".
"CONCLUSIONES E INFORMACIÓN CONTUNDENTES"
El abogado refutó también algunas de las críticas contra el informe, una de las cuales surgió desde Chile, donde el Partido Comunista, además de acusar "escalada internacional" contra Venezuela, cuestionó que "es fruto de un trabajo desarrollado desde fuera del país, un texto redactado en base a versiones obtenidas a distancia, en el que no se ha tenido un intercambio real con las autoridades de ese Estado, es decir, carente de pruebas fácticas".
"En su momento, recién constituidos en enero de 2020, escribimos a la delegación de Venezuela en Ginebra para reunirnos con ellos, y a partir de ahí hicimos diversas solicitudes de ingreso al país, y ninguna fue respondida. Es más, cuando ya teníamos el último borrador del informe le pedimos al Gobierno de Venezuela que nos señalara un canal de envío para recibir sus observaciones y comentarios, y eso no fue contestado", sostuvo Cox.
Pero "más allá de eso", resaltó, "tuvimos más de 278 entrevistas con distintas personas, víctimas, testigos de algunas de las violaciones que damos cuentas, pero también relatos de ex miembros de las fuerzas de seguridad y miembros activos de las fuerzas de seguridad e inteligencia. Junto con eso, tuvimos acceso a documentación y a videos geolocalizados sobre algunas de las violaciones".
Por ello, "esto de cuestionar la validez del informe por las fuentes o la metodología no tiene mucho sustento, no es la primera Misión a la que un país no deja ingresar, y el Gobierno de Venezuela decidió ni siquiera contestaros, pero insisto que las conclusiones y la información son sólidas y contundentes", cerró el jurista.
